Presentar los Presupuestos antes del uno de octubre de cada año es un mandato constitucional (artículo 134) no interpretable como una recomendación optativa por mucho que Sánchez así lo pretenda, en su enésima anomalía democrática, para camuflar su debilidad parlamentaria. Otra cosa es que la Carta Magna, en la presunción de buena fe con que fue redactada, no contemplara qué sucede cuando un gobernante decide pasarse dicho precepto por la faja. Se supone que en ese caso ha de disolver las Cortes o como mínimo plantear una moción de confianza, pero es sabido que a nuestro ínclito presidente le traen al pairo las convenciones no regladas, e incluso algunas que sí lo estaban hasta que decidió arrollarlas. El César no sigue normas, las crea, y no obedece: manda.

Claro que, bien mirado y a tenor de los precedentes del mandato, quizá sea mejor que este Gobierno carezca de proyecto presupuestario. En primer lugar porque las contrapartidas que los socios le van a exigir a cambio de su respaldo supondrían una nueva batería de medidas de desguace del Estado. Y en segundo término, porque la prórroga de las cuentas no sólo impide –al menos hasta cierto punto– el aumento del despilfarro, sino que estrecha el margen de un Ejecutivo acostumbrado a desenvolverse con la convicción de un arbitrio ilimitado. Le queda el recurso al decretazo, sí, pero con requisitos acotados que suponen un notable achique de espacios.

Sánchez no tiene la mayoría social de la que se ufana, aunque sí dispone de una heterogénea mayoría negativa cuya única argamasa consiste en la voluntad común de bloquear la alternancia. Gracias a ella se aferra al cargo en condiciones cada vez más precarias, bajo la presión creciente de unos aliados dispuestos a sacar ventaja de la generalizada sensación de fin de etapa. De ahí su renuencia a someterse a votaciones en la Cámara Baja. En esas circunstancias, los intereses generales están más protegidos cuanto menor sea la discrecionalidad de la gobernanza. La ausencia de Presupuestos es una forma indirecta de mantener relativamente atadas las manos de un poder con clara vocación autoritaria. Y no pasa nada.

Durante los dos interregnos electorales de la última década, la sociedad española ha demostrado que puede funcionar sin sobresaltos con un Gobierno de facultades restringidas a la mera rutina administrativa. Los sectores productivos tienen la suficiente madurez y autonomía para desenvolverse a su aire sin intromisiones intervencionistas que a menudo los sitúan al borde de la asfixia, y en la ciudadanía se percibe desde hace tiempo bastante hartazgo de la política. Al propio presidente tampoco parece importarle demasiado el problema mientras pueda cumplir su objetivo prioritario de continuar atornillado al sillón de mando. Si no es posible desalojarlo, quizá resulte más llevadero su liderazgo con menos capacidad de hacer daño.