Kepa Aulestia-El Correo

  • Mejor breve, aunque acabe acortando la legislatura de las Cortes, que una capaz de devolver a Puigdemont a la presidencia de la Generalitat

Las elecciones generales del 23 de julio supusieron el regreso de Carles Puigdemont al núcleo de la política española. A pesar de que el partido cuya presidencia dejó en junio de 2022 pero que reina absolutamente, Junts per Catalunya, se desmoronó en las urnas. De 530.225 votos en 2019 a 395.429 en 2023. Fue la imprescindible inclusión de los postconvergentes en la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez lo que consiguió encumbrarle desde el autoexilio.

El Tribunal Supremo ha abierto causa por terrorismo contra Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg una semana antes de que venza el plazo para que la Comisión de Justicia del Congreso ultime la proposición de ley de amnistía que vaya a Pleno y dos meses después de que Wagensberg se autoexiliara en Suiza «para buscar la mejor defensa posible». Es más que improbable que el expresident de la Generalitat y el parlamentario de ERC atiendan a la citación que reciban de la instructora del caso en el Supremo.

Puede resultar chocante que, tras el declive del ‘procés’, afloren procedimientos judiciales e informes de fiscales que señalan el desarrollo de actos terroristas de cariz secesionista de los que pudo ser partícipe el presidente de la Generalitat huido a Bélgica y luego elegido eurodiputado. Pero la Sala Segunda del Supremo lo explica releyendo los artículos 573 y 573 bis del Código Penal. Y a partir de sentencias dictadas en casos de ‘kale borroka’. Considerando que «en una organización delictiva los hombres de atrás, que ordenan delitos con mando autónomo pudiendo evitarlo pueden, en este caso, ser responsables como autores mediatos, aun cuando los ejecutores inmediatos sean, asimismo, castigados como autores plenamente responsables». Esos «ejecutores inmediatos» seguirían encausados en la Audiencia Nacional. Y la desinflamación lograda o por conseguir del denominado «conflicto catalán» no prescribe delitos. A no ser que se encargue de ello la amnistía.

El pacto presupuestario entre Pere Aragonès y Salvador Illa asegura al primero la culminación de la legislatura, situando las próximas elecciones catalanas en 2025. La investigación asumida por el Supremo sobre la posible comisión de delitos de terrorismo por parte de Carles Puigdemont contribuye a mantenerlo lejos de Cataluña. Y no será fácil que el próximo jueves Pedro Sánchez se avenga a ampliar la amnistía para que acoja supuestos de terrorismo y supuestos de alta traición, en medio de la ‘marejada Ábalos’. Aragonès declaró anteayer que el Tribunal Supremo «intenta cargarse los efectos de la ley de amnistía». Pero el actual ‘president’ tiene todos los motivos para considerar que eso le va bien. Tampoco es casual que ERC se conforme con el texto articulado que hasta la fecha ha defendido el PSOE. Mejor una amnistía corta, aunque acabe acortando la legislatura de las Cortes, que una capaz de devolver a Puigdemont a la presidencia de la Generalitat. Mejor para Pere Aragonès, y mejor para Pedro Sánchez, Tribunal Supremo mediante.