Todos conocemos ‘grosso modo’ lo que fue el franquismo, que a algunos nos tocó padecerlo en primera persona. Existe, también, una historia académica del franquismo que afortunadamente ha esclarecido los acontecimientos históricos que rodearon su génesis y su desarrollo. Existen posturas científicamente contrastadas e incluso las divergencias están acotadas y tasadas, pero existe unanimidad sobre el carácter perverso de la dictadura. Políticamente, además, el franquismo fue definitivamente sancionado en la Transición que nos condujo a la democracia. Las leyes de amnistía y la incuestionable realidad de nuestra Constitución terminaron por pasar página de una de los periodos más siniestros y desgraciados de la historia de España.

Sin embargo, transcurridos 45 años desde la muerte del dictador, el franquismo se ha convertido para algunos en el pozo sin fondo donde buscar combustible para eternizar la querella entre españoles. Ha sido el Gobierno de Sánchez-Iglesias quien de manera recurrente ha resucitado el espectro del franquismo con un triple objetivo. El primero de ellos es el utilizar al franquismo a modo de un trampantojo para despistar la atención de la sociedad sobre los problemas reales que la sociedad española encara. Otra vez nos hallamos ante una maniobra de distracción. Lo hizo con el enterramiento de Franco y lo vuelve a hacer ahora con esta ley ‘democrática’ que trata de despertar el fantasma de Franco para obviar las carencias del actual Gobierno al enfrentar la doble crisis sanitaria y económica que nos acosa.

El segundo objetivo que persigue el Gobierno Sánchez-Iglesias es el más tóxico democráticamente hablando. Con la resurrección del franquismo se pretende cuestionar la legitimidad del marco democrático vigente. Es esta una reivindicación muy querida por el populismo reaccionario que Pablo Iglesias representa y al que sorpresivamente el PSOE da carta de naturaleza. Todos los grupos políticos que apoyaron al sanchismo en la formación del actual Gobierno tienen un contencioso con la Transición política que nos con condujo del franquismo a la democracia. Unidas Podemos y los diversos nacionalismos siempre han tratado de deslegitimar nuestra Transición y este proyecto de ley da pábulo al cuestionamiento del actual marco político.

En tercer lugar -Pablo Iglesias lo ha dicho sin tapujos-, se pretende identificar a la derecha española con el franquismo al objeto de impedir la alternancia política en España. Es, tal vez, este empeño el más lesivo para nuestra democracia. Es lamentable, pero hasta el mismo PSOE ha llegado a comulgar con semejante apetencia. Desde aquel «hemos venido para quedarnos» del ministro Ábalos, hasta «la derecha no volverá a gobernar» de Iglesias queda bien clara la intencionalidad iliberal que anima a esta ‘nueva’ izquierda, que tiene como principal argumento el revisionismo histórico para taponar cualquier alternativa de futuro. La alternancia política es la quintaesencia de la democracia liberal.

Es triste y lamentable que el PSOE se haya prestado al juego de la izquierda más reaccionaria de España, que carece de legitimidad política e intelectual para establecer el canon de nuestra democracia. Ni los golpistas catalanes, ni los herederos de ETA, ni el chavismo español son quienes para sancionar la calidad de nuestra democracia.

La memoria que se pretende ‘democrática’ no pasa de ser un pujo ‘progresista’ al uso de quienes olvidan los recientes desmanes antidemocráticos que han protagonizado a fin de violentar la memoria veraz e íntima que cada español adulto posee. El adoctrinamiento de las conciencias que se pretende con esta ley no pasa de ser una burda manipulación contra la libertad de conciencia y expresión.

Extraño progresismo el de este Gobierno que solo atina a legislar sobre el pasado, descuidando el presente y obturando el futuro. El progreso no consiste en reinventar el pasado, tampoco en disimular la inacción política por la propaganda.