EL MUNDO – 21/04/15 – NICOLÁS REDONDO TERREROS
· La Transición construyó el andamiaje institucional de la democracia. Ahora, no hay que echarlo abajo, sino adaptarlo: dar mayor poder de participación a los ciudadanos y aumentar el control sobre los cargos públicos.
He sido y soy un defensor sin fisuras que se siente orgulloso del periodo de tiempo que denominamos Transición. No conozco ningún discurso serio y racional capaz de apearme de la convicción de que la mayoría de la sociedad española realizó una hazaña colectiva sin parangón en nuestra historia reciente. He escuchado a quienes piensan que todo esto es un desastre y que España lleva 30 años en descomposición –en ocasiones la responsabilidad ha caído en las autonomías, otras en ETA y otras en el nacionalismo, reforzado éste último por la debilidad de los partidos nacionales y la fortaleza que les otorga la utilización de los mecanismos institucionales de las comunidades autónomas–; todos éstos no son más que vergonzosos partidarios de un pasado que no se atreven a defender. También he escuchado a los que consideran que la Transición fue una claudicación humillante ante las fuerzas fácticas de España, una suerte de poderosa e indefinida estantigua que con un plan sibilino, de muy largo alcance y con la ayuda de oscuros intereses internacionales, consiguió amordazar a toda la sociedad española, dejando todo como estaba, aunque pareciera que todo era distinto. Cierto es que la contemplación de estos dos fenómenos, a la vez diferentes y coincidentes, provoca una especie de sinestesia que nunca ha sido lo suficientemente poderosa como para hacerme rectificar.
Pero que defienda lo realizado desde 1977 y aun antes, hasta la aprobación de la Constitución del 78, no me impide ver los defectos, los errores cometidos y el envejecimiento de algunas instituciones y de no pocos comportamientos. Lo que me diferencia de los creyentes insobornables del «volver a empezar», de los defensores del todo lo «pasado fue siempre mejor» y de los que se encogen de hombros y exclaman: «¡Da igual, no importa nada!», es que yo apuesto por una vía reformadora que garantice lo fundamental, modifique lo que no funciona y cambie lo que se hace mal o está envejecido.
El problema se plantea inmediatamente al definir lo que es fundamental y debe considerarse invariable, por mucho que haya pasado de moda lo que permanece, separándolo de lo adjetivo, de lo complementario. No pocos, con toda su buena intención, se han atrincherado en la Constitución del 78, intentando combatir, con la razón como instrumento de pacífico combate, a los irresponsables y aventureros de ocasión, que siempre han visto motivos suficientes para arrimar «el ascua a su sardina»; sobresalen entre estos castizos de nuevo cuño y revolucionarios de café, los que esgrimen con contundencia chocarrera el argumento de aquellos españoles que por edad no han votado la Constitución del 78, desconociendo que las sociedades para poder progresar tienen la misma necesidad de cuestionar todo y a la vez preservar una especie de legado anónimo que asegura su propia existencia. Es decir, las sociedades existen porque tienen memoria y progresan porque son igualmente capaces de olvidar: memoria y olvido.
De una facultad y de la opuesta, de lo viejo y de lo nuevo depende la armonía en una sociedad que por otro lado se encuentra abigarrada de conflictos, para los que siempre debe tener una solución con las formas adecuadas, con los instrumentos necesarios y en el tiempo oportuno. Hemos visto a lo largo de nuestra historia cómo muy pocas veces hemos sabido conjugar con inteligencia la memoria y el olvido, conjugación que por ejemplo los franceses han sabido practicar con un pragmatismo embellecido con la proclamación de grandes principios; los españoles hemos sido incapaces de equilibrar el pasado y el futuro como han hecho también con magisterio los británicos, que encontraron una forma de evolución pacífica a los ojos de los continentales, acostumbrados a grandes cataclismos políticos desde el Renacimiento y dando grandes saltos en la historia que en ocasiones nos han situado en la nada. Nosotros nos hemos regodeado en el pasado, siempre imperial y soleado, en contraste con los grises del presente, o nos hemos empeñado, en esa búsqueda de acercar el cielo a la tierra, en imponer utopías propias o sustraídas de otras latitudes sin la asimilación necesaria.
Pero, ¿qué es lo fundamental?, ¿qué es lo que no debemos olvidar?, ¿qué pasado debemos preservar? Creo que lo más importante del periodo de la Transición fue la forma en la que se construyó el andamiaje institucional que nos permitió a la mayoría de los españoles sentirnos dueños de nuestro futuro y corresponsables de la marcha del país, aun a pesar de haber renunciado a configurar un marco simbólico y sentimental al que poder recurrir y en el que poder definir nuestra colectividad nacional. La forma consistió en que cada una de las expresiones políticas fueron capaces de renunciar a sus programas máximos por un lado, y llegar a comprender, dándoles el mismo valor que a las nuestras, las razones y motivos del oponente por otro. Todo lo que no sea la forma –la búsqueda de los mayores denominadores comunes para que los españoles puedan convivir en paz y libertad– se puede modificar, se puede adaptar a una realidad más compleja y más exigente como demandan los ciudadanos hoy.
Por lo tanto las cuestiones planteadas desde una perspectiva política positiva serían las siguientes: conseguir un ambiente propicio para el acuerdo, que siempre supone renuncia y retroceso para todos los que están dispuestos a la negociación, y definir una agenda reformista que consiga revitalizar la vida política española, mortecina desde los tiempos del presidente Zapatero, al que se le debe reconocer que sólo hizo visible lo que estaba oculto a la vista de la ciudadanía.
El futuro de los nacionalismos periféricos en España, la redefinición del Estado del Bienestar para hacerlo sostenible, el incremento de la participación ciudadana en los asuntos públicos, la elección y control de los cargos públicos, el aumento de un espacio público libre de la contaminación partidaria, la definición estable de nuestros intereses exteriores, una educación que sin excluir la igualdad social sea de una exigencia suficiente para no quedarnos a la cola en la revolución tecnológica que se desarrolla ante nuestros ojos, etc…, son de manera somera los capítulos que deberían integrar el programa reformista de los partidos políticos. Cada uno desde sus respectivas perspectivas ideológicas, para poder pactar después de las elecciones, si los ciudadanos así lo reclaman en las urnas. Todo lo demás será perder el tiempo, que nunca es bueno, pero que en momentos de grandes mudanzas, al contrario de lo que pronosticaba el Santo de Loyola, es sencillamente suicida.
Como no estoy en la vida pública para dar fe de lo que sucede –esto ya lo hacen los periodistas y lo harán los historiadores en el futuro–, sino para dar mi opinión sin prejuicios ni vanas esperanzas, me atrevo a decir que muy pocos partidos políticos parecen dispuestos a generar ese ambiente para el acuerdo, tan imprescindible para mirar el futuro con confianza y una pizca de ilusión. Y he de decir que observo que sobre todo los dos grandes partidos nacionales se comportan como acusaba Cervantes que actuó el duque de Medina Sidonia tras la retirada del conde de Essex, después de haber saqueado Cádiz a su placer: «Tronó la tierra, oscurecióse el cielo / amenazando una total ruina; / y, al cabo, en Cádiz, con mesura harta, / ido ya el conde sin ningún recelo / triunfando entró el gran duque de Medina». Otros por su parte, se empeñan en acercar el cielo a la tierra, hablando de políticas nuevas y redentoras en contraste con las viejas a las que consideran causantes de todos los males que padecemos. Pero olvidan los avatares biográficos de los que en los primeros años del siglo pasado abogaban con ímpetu juvenil por hacer tabla rasa de todo y de todos, y no saben que la única vía radicalmente nueva y sin precedentes en nuestra historia, que podríamos denominar «revolucionaria», si no fuera un fácil retruécano, es la vía de la reforma.
Nicolás Redondo Terreros es presidente de la Fundación para la Libertad y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.