Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
La propuesta del presidente de la CEOE de que las empresas abandonen su papel de ‘recaudadores’ por cuenta del Estado y sean los propios trabajadores quienes ingresen sus cotizaciones sociales y su IRPF ha sido recibida con una catarata de descalificaciones y exabruptos por parte del Gobierno y de los sindicatos. Se han dicho cosas realmente sorprendentes pero se han esgrimido muy pocas razones en su contra. La señora ministra de Trabajo, que es muy sensible y cercana con el empleo y muy despectiva y lejana con quienes lo crean, ha asegurado que es propia de tipos como Millei y Trump, lo cual posiciona la iniciativa en la cumbre del horror progresista. Lástima que se le haya olvidado contarnos los motivos por lo que la idea le parece tan mala. Y eso que hay motivos poderosos para oponerse a ella. Por eso no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, al menos con este Gobierno de ‘progreso’.
La situación actual presenta muchas ventajas para quienes las disfrutan y por eso no aceptan perderlas. Las empresas se convierten en una gestoría gratuita que ahorra mucho esfuerzo administrativo a Hacienda y a la Seguridad Social y los trabajadores y contribuyentes se constituyen en financiadores de la Administración a tipo de interés cero.
Pero lo más importante es que el sistema actual ‘difumina’ tanto el coste real que tiene cada puesto de trabajo para cada empresa, como la contribución total de cada trabajador al sostenimiento del Estado. Lógicamente, cuanto menos conscientes seamos del coste que asumimos, menos presión ejerceremos para reclamar mejoras en las contrapartidas que recibimos y protestar por los malos usos y carencias de la administración. Cuanta más oscuridad en las aportaciones, menos intensidad en las reclamaciones.
El sistema que hemos elegido para la Seguridad Social es de solidaridad intergeneracional, pero también impone una cierta ‘minoría de edad’. El Gobierno determina cuánto tenemos que aportar cada mes y cuánto y cuándo vamos a cobrar y con el sistema de recaudación nos exime incluso de tramitar las aportaciones. Es curioso que la iniciativa de Garamendi le escandalice, cuando es la que aplica sin rubor alguno a los autónomos. ¿Por qué para ellos es normal lo que considera un escándalo para los trabajadores por cuenta ajena? Misterios del progreso. Hacernos mayores de edad supondría conceder márgenes de libertad a los cotizantes para conformar sus pensiones y dejar el dinero en el bolsillo de los contribuyentes hasta el momento de su entrega en la caja común. ¿Por qué le parece eso tan horrible a la señora ministra?