Amaia Fano-El Correo
Otra vez la acampada en la Puerta del Sol. Otra vez la batucada, la consigna y la cartelada. La indignación reducida a folclore perrofláutico.
Quince años después del 15-M, el malestar muda de motivo, pero conserva su decorado y su liturgia. Entonces eran la crisis, el paro y el rescate bancario. Ahora es la performance de la vivienda. Un asunto demasiado serio, complejo y transversal como para resolverlo legislando en caliente, movidos por la conmiseración hacia una anciana inválida y al dictado de un sindicato al que nadie ha votado y que, sin embargo, pretende condicionar la política de vivienda de un país de 50 millones de habitantes, usando como ariete la falta de expectativas de un puñado de chavales tan aborregados como para bailar al son de esos aprendices del flautista de Hamelin de aspecto calculadamente andrajoso.
Porque vivienda hace falta. Mucha. Y es verdad que cada vez resulta más difícil encontrarla a un precio asequible, no ya para sectores vulnerables sino para la clase media depauperada. Pero algunas de las medidas propuestas en Sol que se colaron ayer en el Consejo de Ministros están notablemente más cerca de agravar el problema que de resolverlo.
Los números son tozudos.
Según datos del Banco de España, en 2025 se construyeron unas 95.000 viviendas y se crearon 240.000 hogares. No hay decreto capaz de resolver semejante desfase si no se aumenta el parque de vivienda y ninguno de los dos Decretos aprobados ayer por el Gobierno habla de ello.
En cambio, llevamos años hablando de topar el precio de los alquileres, declarar zonas tensionadas, gravar al sector turístico y regular el alquiler de temporada, conceder ayudas para la compra de primera vivienda y desgravar fiscalmente los alquileres. Todas esas fórmulas ya se han ensayado y ninguna ha conseguido acabar con el problema. Al revés, han retraído aún más la oferta y, en consecuencia, se ha incrementado el precio del alquiler disponible. Porque modificar las condiciones del mercado no resuelve su principal carencia. Y es que faltan casas.
La insuficiencia de suelo urbanizable, la escasez de mano de obra, los escasos márgenes y los elevados costes, en parte por la cantidad y cuantía de los impuestos y la lentitud en la tramitación de un sin fin de licencias y permisos alarga hasta el absurdo la puesta de una vivienda en el mercado, sea esta para uso público o privado.
Pero lo que le exige la alegre muchachada de Sol a este Gobierno tan progresista no es que fomente que se construya más para que el precio caiga por el peso de la oferta, ni que cumpla la promesa que hizo Sánchez de construir unas 200.000 viviendas de interés social de las que nunca más se tuvo noticia, sino que arrebate la propiedad a los tenedores de vivienda que identifica como «fondos buitre», aunque no siempre lo sean; que apruebe una ley antidesahucios con nombre de mujer y que establezca una prórroga automática y universal de los alquileres. Lo que, en la práctica, viene siendo una expropiación encubierta.
La pregunta es ¿qué arrendatario en su sano juicio va a querer poner su vivienda en alquiler en tales condiciones? Si su inseguridad jurídica ya era notoria frente a la okupación, si se llegara a aprobar algo así estaríamos aboliendo el derecho a la propiedad privada y legalizando la okupación de facto.