Kepa Aulestia, DIARIO VASCO, 18/2/12
El diseño de una ‘hoja de ruta’ perfecta para el final de ETA constituye una obsesión tan absurda que solo sirve para retratar la inquietud y el oportunismo partidario
La convicción generalizada de que ETA se encuentra a un paso de poner punto final a su existencia está acumulando tal cantidad de declaraciones de principios, manifestaciones de voluntad, iniciativas de intermediación, requerimientos a los demás, revelaciones de supuestas estrategias de pacificación y aproximaciones metodológicas que, aunque el tema haya pasado a un segundo plano de la atención pública, todos los días da lugar a situaciones confusas y equívocas. Esta misma semana una respuesta del ministro Fernández Díaz a Rosa Díez en el Congreso se ha convertido en el enésimo espejismo que aparece en el camino. El titular de Interior declaró que el problema de ETA adquiría una «dimensión política», lo cual fue suficiente para que la izquierda abertzale saludara el pronunciamiento como «paso en la buena dirección» porque «la resolución sólo será posible a través de la política».
En realidad el ministro completó la frase señalando que el final de la banda terrorista no podía darse a cambio de concesiones, lo que remachó al día siguiente advirtiendo de que su objetivo es impedir que ETA convierta su «derrota policial en una victoria política». Pero las palabras y las frases entrecortadas han adquirido tal autonomía en este tema que acaban desvirtuando la realidad o, cuando menos, envolviéndonos en la sugestión de que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Algo de lo que Fernández Díaz ha debido de percatarse.
La primera pregunta que debieran responder los responsables públicos es si creen que ETA alberga, aunque sea remotamente, la intención de volver a la actividad terrorista en caso de que los acontecimientos no marchen en el sentido o en el ritmo que desee la banda. Es una incógnita a la que quizá podría responder Rufi Etxeberria, dado que ha llegado a declarar que «aunque ETA porte armas, no las utilizará». A primera vista no parece que las instituciones y los partidos estén barajando la hipótesis de la reversibilidad del cese definitivo como argumento para acabar cuanto antes con el problema. Más bien confían en el paulatino enfriamiento de la tensión etarra; lo cual hace más inexplicable su permanente recurso al equívoco.
La habilitación parlamentaria del Gobierno, propuesta por Iñigo Urkullu para brindar una cobertura consensuada a la actuación de Rajoy en esta materia, podría resultar formalmente idónea siempre que no desemboque en un nuevo enredo de desavenencias. El gobierno del PP, con su mayoría absoluta, no presenta déficits de legitimidad a la hora de abordar el final de ETA. De manera que cualquier discusión añadida sobre la ruta a seguir acarrearía más problemas de los que en principio genera la parsimonia con la que Rajoy afronta la cuestión; parsimonia que bien podría llevarle a no pronunciarse nunca sobre la propuesta de un PNV que mañana mismo podría sugerir otra. Sobre todo si la condición es que la izquierda abertzale participe del consenso requerido para esa habilitación, equívoco tan habitual por otra parte.
Una vez que han callado las armas la sociedad vasca no muestra especial urgencia en recibir la noticia de la desaparición de ETA. La inquietud afecta más bien al ámbito de la política y muy especialmente a las formaciones que pueden ser actores o paganos en la próxima confrontación electoral: la izquierda abertzale, el PNV y el PSE-EE. No nos engañemos, la «dimensión política» del problema a la que se refería el ministro Fernández Díaz tiene fecha fija: el día en que se celebren los comicios autonómicos o, para ser más precisos, el día en que se reúna el nuevo Parlamento vasco para designar lehendakari. Sobre todo si previamente se ha procedido al registro como partido de una izquierda abertzale legalizada ya de facto.
Resulta exagerada la importancia partidaria que se le concede a una cuestión socialmente amortizada como es el final de ETA. Solo que al avivar sus rescoldos, jeltzales y socialistas contribuyen a dar carta de naturaleza a lo que debieran evitar: las palabras equívocas en torno a ese final. El diseño de una ‘hoja de ruta’ perfecta para poner fin a la historia etarra constituye una obsesión tan vana que solo sirve para retratar la inquietud y el oportunismo partidario.
Imaginémonos por un instante que no hubiese presos de ETA. El problema cuya resolución -consideran la izquierda abertzale y sus aliados- solo puede darse «a través de la política» se volvería volátil y por eso mismo políticamente inexistente al margen de la normalidad institucional. Dado que no es el caso, imaginémonos a continuación que los presos de ETA aceptan su situación de condenados o procesados limitándose a tratar de mejorarla sin que ello demande necesariamente ‘otra política de Estado’. Se trata de un supuesto hoy impensable que mañana podría hacerse realidad. Entre otras razones porque esos presos representan, a la vez, una oportunidad y una carga para los intereses de la izquierda abertzale; su verdadero equívoco.
La asunción del daño causado es mucho más que un requisito legal para acceder a las vías de reinserción. Constituye el modo humanamente más digno de dejar atrás un pasado de terror de manera que la memoria y la convivencia sean compatibles. De entre quienes a lo largo de todas estas décadas han ido abandonando las filas de ETA no hay un testimonio de mayor autenticidad que el que ofrece Kepa Pikabea en el documental ‘Al final del túnel’. Tampoco sería aventurado suponer que se trata de un ejemplo tan inédito como irrepetible, limpio de equívocos.
No lo seguirán quienes crean que de esa forma se traicionarían a sí mismos, quienes sientan que semejante revisión vital les dejaría sin nada con que salvar su peripecia pasada. Pero la asunción del daño causado es una condición que los etarras presos se verán obligados a cumplir, bien sea mediante una manifestación expresa y voluntaria de su arrepentimiento bien a través del cumplimiento sin beneficios de la pena impuesta. Porque qué hace un preso que afronta la condena dictada por los tribunales más que apechugar con el daño causado.
Kepa Aulestia, DIARIO VASCO, 18/2/12