Por sorpresa, ha dimitido Manuel Castells y ha sido nombrado nuevo ministro de universidades Joan Subirats. ¿Habrá cambios respecto a la línea emprendida por la ‘non nata’ reforma que preparaba Castells? Lo dudo. 

En el terreno pedagógico, también en las enseñanzas primaria y secundaria, además de la universitaria, la mayoría de la izquierda está incomprensiblemente sometida desde hace años a las tendencias dominantes en Estados Unidos que tan mal resultado han dado a la cultura de aquel país. Subirats, aunque quiera, no podrá resistirse al empuje de esta ola, así como tampoco a los peculiares vicios de la universidad española. Sin embargo, como el nuevo ministro es un viejo amigo y colega, quiero exponerle en público lo que le diría en privado y tengo escrito en publicaciones más extensas y razonadas.

Los modelos occidentales de universidad han sido variados. Para los alemanes, lo más importante era la investigación; para los franceses, los conocimientos generales en una materia; para Oxford y Cambridge, la formación de un carácter que supiera desenvolverse en cualquier circunstancia; para los Estados Unidos, la enseñanza de una profesión. Todo ello dicho en líneas generales y como líneas predominantes de cada modelo universitario. Pero en los años sesenta del pasado siglo todo empezó a cambiar: de una universidad de élites se pasó a una de masas. Había comenzado un tiempo nuevo.

España nunca tuvo una tradición definida, como fue el caso de los países antes mencionados. En ciertos aspectos, especialmente por la gran influencia que ejerció la Institución Libre de Enseñanza, se pareció a Alemania. En otros, a Francia. Se mantuvo estable hasta fines de los años 70 que empezó a crecer desmesuradamente el número de estudiantes, profesores y centros, de forma precipitada y algo caótica. A partir de entonces no se pudo perfilar un modelo propio sino que se fueron improvisando apaños sobre la marcha. Así llegamos hasta hoy. 

Desde la perspectiva actual, podemos señalar, a mi modo de ver, cuatro graves problemas. 

En primer lugar, algo ajeno a la universidad: los estudiantes acceden a la misma mal preparados, con escasos conocimientos y poco espíritu de trabajo. El modelo pedagógico en primaria y secundaria es, a mi modo de ver, equivocado: preocupa más la felicidad del niño, sus posibles traumas psicológicos si se le aprieta demasiado, que sus conocimientos. Por eso no se le pide esfuerzo, se minusvalora la memoria, se rechazan las calificaciones y los exámenes, entendidos siempre como pruebas represivas. Hay que decir que no todos los profesores y centros desarrollan este modelo, algunos lo suavizan, otros aplican las exigencias de antes. Pero en todo caso es el modelo dominante y muchos alumnos que entran en la universidad fracasan porque no saben adaptarse a otro tipo de enseñanza. 

Hasta la ley de 1984 regía el sistema de oposiciones que, a mi modo de ver, garantizaba mejor que ningún otro la calidad de los profesores 

En segundo lugar, el sistema de acceso del profesorado. Hasta la ley de universidades de 1984, regía el sistema de oposiciones, muy criticado siempre pero que, a mi modo de ver, garantizaba mejor que ningún otro la calidad de los profesores. A principio de siglo XXI, durante un breve período, se reemprendió un sistema parecido pero la ley de 2007 implantó el actual modelo de acreditaciones en las cuales es determinante un informe de la ANECA, una entidad dependiente del Ministerio, que actúa mecánicamente mediante comisiones designadas al efecto sin garantía de neutralidad alguna. Cada paso de la carrera universitaria del aspirante a profesor está puntuado numéricamente, más por cantidad que por calidad, y después la propia universidad establece una sencilla prueba para el acceso a la plaza. Total, no garantiza la buena preparación del aspirante —los puntos de la ANECA también se otorgan por ocupar cargos universitarios— y fomenta la endogamia dentro de cada departamento. 

En tercer lugar, bajo el ropaje de la democracia el gobierno de las universidades es claramente corporativo: gobiernan los profesores, en concreto los catedráticos, aquellos de más alto nivel. La autonomía universitaria, garantizada en la Constitución (art. 27.10), deriva del derecho fundamental a la libertad de cátedra (art. 20.1c), dentro del ámbito general de la libertad ideológica (art. 16) y de expresión (art. 20).

Por tanto, la autonomía de las universidades solo es funcional —está en función de la garantía de estos u otros derechos fundamentales— no es una autonomía política como la de las comunidades autónomas, con autonomía amplia sobre todas las materias universitarias. Sin embargo, la interpretación que se ha dado a la autonomía de las universidades es, en cambio, de naturaleza política, con lo cual se da la inconsecuencia de que los poderes públicos —Estado o comunidades autónomas— financian a unos entes sobre los cuales no tienen potestad alguna y sí la tienen, en cambio, aquellos que solo deberían garantizar la libertad académica. A eso no se le puede denominar democracia sino, pura y simplemente, corporativismo. Los jueces no pueden gobernar a los jueces ni los catedráticos a las universidades. 

En cuarto lugar, desde la implantación del mal llamado plan Bolonia, en el grado de la universidad, antes licenciatura, se ha intentado introducir —quizás vulnerando la libertad de cátedra— el modelo pedagógico de primaria y secundaria. Lo importante no son los saberes sustanciales sino el método de enseñanza, es esto último lo que debe enseñarse: hay que «aprender a aprender», se deben adquirir «destrezas, competencias y habilidades», es decir, técnicas de aprendizaje (‘training’), no conocimientos en sí mismos (‘learning’). 

Con todos estos problemas, además de muchos más, se enfrentará el nuevo ministro. No sé si será continuista con la política apenas iniciada de Castells o será más rupturista, me temo que caerá en lo primero. En todo caso, en la opinión pública, especialmente entre los universitarios pero no solo entre ellos, debería emprenderse un gran debate para aclarar todos estos aspectos y algunos más. Subirats tiene poco tiempo para resolver las cosas, pero más que sobrado para abrir el debate.