El perfectamente sostenible sistema público de pensiones español, ese que podía reindexar las pensiones al IPC y eliminar el factor de sostenibilidad sin apenas despeinarse, va camino de experimentar su enésimo recorte a manos del Gobierno de progreso que solo venía a mejorarlas. Recordemos brevemente todas las medidas de poda que ya han sido sugeridas por este Ejecutivo para cumplir con las condiciones —esas que tampoco iban a existir— del acuerdo con Bruselas:

• Subida de las cotizaciones sociales en un 0,6%, con el compromiso adicional de que, si en 2032 el ajuste no ha sido suficiente, se rebajarán las pensiones y se incrementarán más las cotizaciones sociales.
• Destopar las cotizaciones sociales sin destopar las pensiones máximas (aunque probablemente se incrementen algo para guardar las apariencias), lo que supondrá asestar un duro golpe a la naturaleza contributiva del sistema.
• Prohibir que los autónomos escojan su base de cotización y, en consecuencia, obligarles a cotizar en función de sus ingresos reales, lo que para muchos de ellos implicará una fuerte subida de sus pagos mensuales.
• Alargamiento del periodo de cómputo de la base reguladora, lo que, según los cálculos del Gobierno publicados en 2020, podría conllevar un tijeretazo promedio del 5,5% en las pensiones si se toman los últimos 35 años como base reguladora.

Además, deberemos remitir a Bruselas un informe de evaluación del impacto de cada una de estas medidas para demostrar que los recortes (porque son recortes) se distribuyen equitativamente entre generaciones en lugar de concentrarse —como aparentemente así sucede— en una sola de ellas. 

Y ni siquiera así estará garantizada la viabilidad del sistema. Recordemos que, por un lado, el supuesto demográfico clave sobre el que se asienta la cuadratura del círculo financiero de la Seguridad Social es que durante las próximas tres décadas entrarán en nuestro país 10 millones de inmigrantes que impulsarán al alza nuestro producto interior bruto y también los ingresos de la Seguridad Social. Y, por otro, el supuesto laboral clave sobre el que se asienta la cuadratura del círculo financiero de la Seguridad Social es que durante las próximas tres décadas nos aproximaremos a una situación cercana a la del pleno empleo. Si entran menos inmigrantes, o si no alcanzamos algo parecido al pleno empleo, o si la productividad de todas esas nuevas masas de trabajadores no evoluciona positivamente, entonces serán necesarios recortes aún más intensos. 

La conclusión que se desprende es que los españoles vamos a pagar más en cotizaciones sociales para recibir menos en pensiones 

La conclusión que se desprende de todo este conjunto de medidas, aparte de que su viabilidad conjunta esté cogida con alfileres, es que los españoles vamos a pagar más en cotizaciones sociales para recibir menos en pensiones (y eso, por mucho que Escrivá o Calviño pretendan ahora marear la perdiz diciendo que no todo el mundo se verá perjudicado con algunas de ellas: su función global es la de intentar cuadrar las cuentas subiendo los ingresos y rebajando los gastos, no descuadrarlas todavía más). Exactamente lo opuesto, vaya, que aquello que nos prometieron en campaña.

De hecho, uno debería plantearse hasta qué punto todas estas medidas no constituyen un fraude a los electores similar al que perpetró el Partido Popular en 2012, cuando subió sangrantemente los impuestos justo momentos después de haber ganado unas elecciones en las que prometió no hacerlo. ¿Cuántos votantes habrían dejado de darle su confianza al PSOE de haberles advertido de que subiría cotizaciones sociales y bajaría pensiones? ¿Cuántos votantes de Unidas Podemos habrían huido del partido si hubiesen manifestado que estaban dispuestos a entrar en un Gobierno de coalición con el PSOE que rubricara todos esos recortes? No se trata de que todas las medidas sean indefendibles —a algunos, por ejemplo, alargar el periodo de cálculo de la base reguladora nos parece una medida sensata y que debería haberse adoptado hace mucho—, sino de que optaron por no defenderlas en campaña ante el riesgo de perder votantes y no alcanzar el poder. 

Un brete, por cierto, en el que también se encuentra ahora mismo el Partido Popular: ¿denunciará los recortes que están perpetrando PSOE y Podemos en el sistema de pensiones para meramente conservarlos o reimplantarlos con otro rostro cuando lleguen al poder (pues los recortes vienen avalados por Bruselas y es obvio que el PP no se enfrentará a Bruselas)? Al final, el problema es que nuestra casta política ha podrido tanto el debate público durante tantas décadas que ningún partido es capaz de ganar las elecciones sin mentir con descaro a los ciudadanos: y lo peor es que la mayoría de ciudadanos están conformes con ese perverso juego.