Nos están mareando la perdiz de la amnistía. Si lo que dijo ayer Pere Aragonés en el Senado es verdad, Sánchez tendría que haber roto ayer mismo las negociaciones con los separatistas y empezar a prepararse para unas elecciones repetidas. (Esto último no es descartable, en previsión de que Puigdemont se arrepienta o de que Pumpido no vea en el borrador unas mínimas garantías que le permitan encajarlo en la Constitución a base de imaginatividad jurídica). Como lo primero no va a suceder, al menos de momento, cabe pensar que el discurso del presidente catalán es sólo un ejercicio de simulación para consumo interno, una mera declaración maximalista con la que contentar al independentismo irredento mientras le disputa a Junts la llave del Gobierno. Esa carrera por ver quién le pone más alto al sanchismo el listón de los privilegios parece, sólo en apariencia, dejar la investidura en el alero y tiene al aparato monclovita de los nervios. Pero queda mucho tiempo. Todavía estamos en los minutos de la basura, días de amagos, exigencias, negativas, forcejeos. Al final la decisión se cerrará en un sentido o en otro al borde del plazo, según el clásico manual del mercado futbolístico de fichajes de verano. Uno quiere comprar, los otros quieren vender, y a medida que avanza el calendario va subiendo el precio del pacto. Sólo que el objeto de la compraventa es esta vez la supremacía del Derecho en un Estado democrático.

Es cierto que existen dudas y dificultades. No en la voluntad gubernamental de presentar la ley, que debería ser lo importante, sino en su formulación y su alcance. Por una parte, en la letra pequeña del articulado, la que define los delitos amnistiables, que los beneficiarios quieren extender a la malversación de caudales y hasta a los incendiarios de las calles. Por otra, en la exposición de motivos, donde el soberanismo pretende obtener el reconocimiento explícito de que la revuelta fue la expresión de un anhelo popular legítimo. Eso equivaldría a admitir la validez del referéndum y por tanto aceptar la autodeterminación como principio legal además de político. Ni siquiera Sánchez, por mucho que le urja ser investido, está en condiciones de conceder tal cosa sin riesgo de delinquir él mismo y, en todo caso, de arrastrar a su partido al suicidio. Sus exploradores pueden intentar vender como éxito una eventual renuncia de Esquerra al unilateralismo, pero conducir por esa vía a Puigdemont no les va a resultar nada sencillo. En este contexto general, el preámbulo de la futura norma de borrado penal constituye material explosivo. Aun así, lo normal es que pasada la jura de la Princesa Leonor se acelere el acuerdo porque las elecciones tienen un carácter contingente, una naturaleza de juego a cara o cruz que no conviene a ninguna de las partes del trato en ciernes. La suerte no es un cartero que siempre llame dos veces.