Ignacio Camacho-ABC
- El decreto consagra la facultad del Gobierno para adjudicar el dinero europeo sin ningún mecanismo de control previo
Si un decreto gubernamental empieza por mentir en el título no cabe mucha confianza sobre el resto del articulado. Así cabría resumir el demoledor informe del Consejo de Estado sobre la regulación de los fondos europeos de ayuda: como un monumental engaño para encubrir un sistema de adjudicación discrecional de los contratos. Y la mentira arranca en el mismo epígrafe, que habla de una reforma administrativa que no existe y de la ejecución de un plan que nadie ha explicado. A partir de ahí se acumulan los varapalos a una chapuza administrativa cuyo principal reparo reside en la ‘modulación’ y ‘eliminación’ de los mecanismos de control presupuestario. Dicho de otro modo, que la cacareada ‘transformación digital’ de la economía consiste en seleccionar a dedo el reparto. Alguien debería enviarle a Vox una copia del dictamen para que sepa exactamente la clase de apaño que con su incomprensible abstención ayudó a pasar el trámite parlamentario.
En esencia, el decreto consagra la facultad potestativa del Gobierno para decidir a su antojo la distribución del dinero, sin someterse al criterio de la Intervención General ni de ningún otro mecanismo de escrutinio previo. Una merienda de negros, por decirlo en términos políticamente incorrectos. El clásico método clientelar con la situación de máxima urgencia como pretexto. Cada vez que una Administración pública habla de ‘agilizar’ un trámite significa que pretende sustraerlo al enojoso imperativo de someter a la correspondiente fiscalización los pormenores del procedimiento. La coartada siempre es la necesidad de apremio pero el truco está demasiado visto para no transparentar su objetivo verdadero. Una cola de empresarios, de intermediarios en el mercado de la influencia y de consultores de proyectos espera turno en Moncloa para obtener el visto bueno del gurú presidencial que Sánchez ha designado a tal efecto. Todos son conscientes, y si no lo serán pronto, de que los favores concedidos en esa ventanilla han de ser devueltos y de que la generosidad del poder tiene un precio que no cotiza en euros.
La opinión del Consejo de Estado no es vinculante. Pero cuando formula observaciones de tanta relevancia no puede desdeñarse, ni menos ocultarla al Congreso para allanar el debate. Un conjunto de objeciones como ése contiene suficiente base para sustentar recursos constitucionales, que es probable que lleguen… y que como de costumbre se resuelvan demasiado tarde. Quizá por eso Sánchez ha ordenado tirar para adelante, seguro de que los plazos juegan a favor de su desacomplejado sistema de compra de voluntades. Está blindado a prueba de escándalos; los acumula a tal velocidad que se neutralizan unos a otros a medida que van estallando y la opinión pública termina por resignarse a fuerza de puro cansancio. Cuando lleguen las protestas de los perjudicados habrá que preguntarles por qué callaron.