Meritxell, oh, Meritxell

Recordemos para los fans de Batet que el artículo citado dice: «Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión». Para interpretarlo correctamente no se necesita un doctorado en Derecho. Bastaría una alfabetización modesta.

Por si no fuera suficiente, el Reglamento del Congreso establece en su artículo 21.1.2. que el diputado quedará suspendido «cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta». La referencia al suplicatorio carece de sentido, ya que los procesados lo fueron y están en prisión preventiva cuando no eran aforados. Parece un imperativo tautológico que el Reglamento del Congreso lo aplique la mesa del Congreso, en vez del Tribunal Supremo. A cada cual lo suyo.

La presidenta Batet debió tentarse la ropa antes de provocar a Marchena, que ha venido a responderle lo mismo que le dijo al ex diputado de la CUP David Fernàndez, el tipo de la sandalia que servía de chófer de Otegi, cuando quiso hacerle una consulta: «Como usted comprenderá, el presidente de un tribunal no está para resolver consultas jurídicas sobre las consecuencias de los propios actos». Algo parecido ha venido a decirle a Meritxell: la configuración del Tribunal Supremo no está hecha para elaborar el informe que pide V. E. En otras palabras: tenemos otras cosas que hacer.

Total, que la Mesa se reunió ayer con la respuesta, clara y corta de Marchena, pero aún no tenían bastante, razón que llevó a Meritxell Batet a pedir un informe jurídico a los letrados de la Cámara. Qué le vamos a hacer, si no quiere asesorarnos Marchena tendremos que apañarnos con los de casa.

Total que la presidenta ha pedido un informe a los letrados y ha vuelto a reunir hoy a la Mesa. Es de suponer que los servicios jurídicos tienen tiempo más que de sobra para cumplir el encargo. Una lectura sosegada del art. 21 del Reglamento y del 384 bis de la LECRIM, que no debería llevarles más de 20 minutos con discusión incorporada debería bastarles. En rigor, ni siquiera habría hecho falta el encargo. Lo dijo claro la vice tercera Ana Pastor, que es la mejor cabeza de la Mesa con diferencia: no hay dudas que justifiquen la petición de un informe jurídico; la Ley es inequívoca. Un niño de cinco años lo entendería. «A ver, que me traigan un niño de cinco años», que diría Groucho Marx.