Florentino Portero-El Debate
  • Trump tiene el mérito de haber afrontado el problema con decisión, pero puede estar echando gasolina al fuego si se limita a forzar la acción directa contra el crimen organizado. No es tan fácil. Es necesario jugar con políticas complementarias y hacerlo con criterio

Estaba en el guion y, finalmente, ocurrió. México está viviendo una situación crítica como consecuencia del ataque frontal a la organización criminal más importante de aquel país, Jalisco Nueva Generación. Ni México, ni Ecuador, ni Colombia ni Venezuela son viables sin desenraizar la lacra del narcotráfico y del crimen organizado, pero dependiendo de cómo se haga, se puede dar paso a la desestabilización de una extensa región, con un coste humano y material extraordinario.

El presidente Trump ha repetido que bajo su mandato Estados Unidos no se va a dedicar a promover la democracia ni a reconstruir naciones, pero que no tolerará que se perjudiquen sus intereses nacionales, comenzando por la salud pública. El fentanilo y la cocaína están en la base de la economía irregular de los países antes citados, lo que les convierte en una grave amenaza para el bienestar de muchos otros estados, entre los que se encuentran tanto Estados Unidos como España.

Trump ha dejado claro a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que si su gobierno no combate efectivamente a esas organizaciones, ordenará a sus Fuerzas Armadas intervenir en su territorio. Más allá del carácter jupiterino del norteamericano, todos somos conscientes de que tanto Sheinbaum como López Obrador, su predecesor en el cargo, optaron por convivir, si no colaborar, con estas organizaciones. Un comportamiento para nada exclusivo en la región de estos dirigentes izquierdistas, que ha facilitado la constitución de estados dentro del Estado, corrompiendo a políticos, policías y magistrados. Ante la inminencia de una crisis diplomática de esas dimensiones, con su componente de humillación, el Gobierno mexicano ha optado por colaborar, agitando el avispero y provocando conscientemente la grave situación a la que asistimos. Ha sido el Ejército, no la Policía, el encargado de llevarlo a cabo. La segunda no es fiable y el grado de preparación de los miembros del cártel no dejaba más opción que hacer uso de las unidades militares.

Si la presión continúa, los cárteles reaccionarán, aumentando el desorden y la inestabilidad. He oído en más de una ocasión a empresarios españoles quejarse de acciones de firmeza por parte de gobiernos democráticos y defender políticas de entendimiento. Nunca dudé de que eso es un error, pero limitarse a combatir militarmente a los criminales no es suficiente si no se está dispuesto a desplegar cientos de miles de soldados por toda la región, lo que no es el caso.

Aquí es donde la estrategia de Trump hace aguas. El uso de la fuerza es imprescindible para acabar con los cárteles y bandas organizadas, pero no es suficiente. Es solo uno de los elementos necesarios. Sin Estado de derecho, toda victoria será precaria. La independencia y profesionalidad judicial es imprescindible. A Trump le puede preocupar poco si en México hay democracia o no, pero alguien debería explicarle que Sheinbaum no solo evita enfrentarse a los cárteles, además, está facilitando conscientemente su penetración en la judicatura mediante la reforma que permitirá la elección directa de los jueces. Si Estados Unidos no fuerza el respeto a la democracia liberal el cáncer continuará extendiéndose.

Los cárteles no son meras entidades criminales. Son la expresión de sociedades muy fragmentadas donde el paternalismo caciquil de antaño dio paso a estas organizaciones, que ofrecen trabajo a muchos jóvenes y se ocupan del bienestar de aquellos a quienes el Estado dejó de lado. Sin cambios políticos importantes, sin crecimiento económico y un mejor reparto de la riqueza, las condiciones sociales que han facilitado el crecimiento del problema seguirán presentes.

México es un ejemplo, sin duda muy significativo, de una circunstancia que afecta al conjunto de la región. El caso de Venezuela está sobre la mesa por la intervención norteamericana y con él, de nuevo, veremos los límites de la acción directa. Colombia lleva décadas sufriendo esta lacra. Ha sido el laboratorio político por excelencia, donde hemos podido constatar lo que funciona y lo que no.

Trump tiene el mérito de haber afrontado el problema con decisión, pero puede estar echando gasolina al fuego si se limita a forzar la acción directa contra el crimen organizado. No es tan fácil. Es necesario jugar con políticas complementarias y hacerlo con criterio. Sin democracia, sin independencia judicial y sin un mejor reparto de la riqueza difícilmente se acabará con el tráfico de personas y de drogas que tanto preocupa a Estados Unidos.