Juan Carlos Rodríguez Ibarra-Vozpópuli
  • Estoy en contra de la capacidad normativa en impuestos básicos y esenciales del Estado

Cual rio Guadiana, el debate sobre el Estado autonómico y el reparto competencial asoma o se esconde al paso de los años. En este de 2022, el presidente de la Junta de Andalucía lo ha sacado a la luz con su decisión de subvencionar al 100% el impuesto de patrimonio. Su argumento no ha podido ser más peregrino y más antipatriota. ¿Qué clase de patriotismo es aquel que   bajo el señuelo de  pagar menos, perjudicar a los trabajadores y al desarrollo de un territorio español? El presidente andaluz no tendrá nada que decir si un puñado de empresarios instalados en Andalucía decide levantar sus inversiones en esa Comunidad para marcharse a un paraíso fiscal donde no pagará nada o casi nada por sus bienes y patrimonio.

Lo cierto es que el debate está abierto. El presidente andaluz ha invitado a empresarios catalanes a abandonar Cataluña para irse a Andalucía. Parece ser que Andalucía, siendo más pobre, tiene menos necesidades; parce ser, que los andaluces comen menos, exigen menos, estudian menos, enferman menos. A su lado, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se mostró contrario a esta competición fiscal que parece haberse desatado entre Comunidades.

Para que podamos establecer un debate en condiciones sobre nuestro modelo de Estado, deberíamos por empezar a aceptar todos que hay tres competencias que el gobierno central jamás debe perder y, por lo tanto, nunca deberá dejar de responsabilizarse de las mismas. Esas tres competencias son la Representación de España, la Coordinación general entre Administraciones y la Cohesión nacional. Si pierde alguna de ellas, me temo que la subasta continuará y, lo que es peor, el Gobierno central dejará de responsabilizarse de la suerte y de los derechos de todos los españoles vivamos donde vivamos.

La Coordinación entre administraciones debería corresponder al Senado, si alguna vez se deciden a darle esa competencia

No creo que resulte necesario detenerse en explicar algo que se entiende bien. La Representación de España es competencia exclusiva del Gobierno central. La Coordinación entre administraciones debería corresponder al Senado, si alguna vez se deciden a darle esa competencia para que sea el lugar donde se hace más eficaz un Estado complejo, compuesto y descentralizado como el nuestro.

Si me interesa detenerme algo más en la competencia en la Cohesión nacional. En la cohesión nacional estoy incluyendo la defensa nacional, la política exterior, la garantía en materia de Justicia y Seguridad, es decir que haya una igualdad total ante la ley de los españoles, vivan donde vivan, y una Hacienda pública común que nos  trate como a ciudadanos, no como a territorios. Yo quiero pagar por ser ciudadano, no por vivir en tal o cual sitio. Si un ciudadano paga menos impuestos básicos, es decir aquellos por los que nos convertimos en sujetos de derechos y en españoles, viviendo en una Comunidad Autónoma y paga más en los mismos impuestos básicos viviendo en otra, ese ciudadano deja de sentirse ciudadano español para convertirse en parte de un territorio, y yo quiero ser ciudadano, que en eso consistía la operación que hicimos de la Transición política, en dejar de ser súbditos para convertirnos en ciudadanos.

Si se cede capacidad normativa en los impuestos esenciales, es decir en renta y patrimonio, los que más tienen podrán dar mejores servicios que la media

El IRPF es un impuesto personal y no territorial. Si se cede capacidad normativa en los impuestos esenciales, es decir en renta y patrimonio, los que más tienen podrán dar mejores servicios que la media, produciendo desigualdad entre los ciudadanos o bien pueden quedarse en la media y bajar los impuestos, mientras que las regiones menos desarrolladas, si quieren tener una política fiscal igual a las más desarrolladas tendrán que rebajar los servicios o, para mantener los mismos, tendrán que subir los impuestos. Conclusión: los ricos bajando impuestos y los pobres subiendo impuestos, y el Estado, cuando sube impuestos indirectos, perjudica doblemente a los ciudadanos más pobres.

Por tanto, estoy en contra de la capacidad normativa en impuestos básicos y esenciales del Estado. No es comprensible que estemos demandando a Bruselas armonización de impuestos para que funcione mejor el mercado europeo y aquí, en España, nos dediquemos a romper esa armonización.

Entiendo que el Gobierno central quiera descargarse toda la responsabilidad fiscal derivando parte de ella en las Comunidades Autónomas para que no solo gasten sino que también se responsabilicen de parte de sus ingresos. Para eso existen otras figuras impositivas que no rompen la cohesión tales como los impuestos especiales y los impuestos propios, como hizo Extremadura con el impuesto a la banca, a las eléctricas, a los cotos de caza o los solares sin edificar.

¿Capacidad normativa? En impuestos esenciales estoy en contra; si es un pequeño impuesto y dentro de ciertos límites, pues de acuerdo; Ahora, en impuestos básicos del Estado  no estoy de acuerdo ni con la capacidad normativa ni con las diferencias que genera. Si el interés es que los ciudadanos perciban a los presidentes autonómicos como recaudadores, ahí existe una cesta de tributos que al no ser básicos (Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el Juego), no rompen la cohesión nacional ni, por cierto, mi idea de lo que es España.