Antes de que expire el año 2022, pretende el Gobierno reformar la legislación vigente para adaptarla a su agenda política. Y a la de los costaleros, claro. «Reformas a la carta», al decir del presidente castellanomanchego, García-Page, que es un renombrado dirigente socialista. 

Nada tan acoplado a las necesidades del independentismo como tunear la malversación de fondos públicos a conveniencia de cinco de los condenados del procés. También de muchos cargos intermedios procesados por usar dinero público en los hechos de octubre de 2017.

La enmienda, presentada por ERC en complicidad con Moncloa, perdona el dinero público malversado en la aventura separatista. Y consiste en retocar el delito («malversación») a fin de suavizar el horizonte penal de quienes lo cometieron sin enriquecerse personalmente. Si la cosa se queda en «administración desleal» y solo se persigue el «enriquecimiento ilícito», las inhabilitaciones dictadas o por dictar se quedarán en nada. 

Está por ver si esa plantilla se aplicará también a otros políticos malversadores que tampoco se llevaron dinero público al bolsillo particular. Ahí aparecen nombres como Esperanza Aguirre, José Antonio Griñán, María Dolores de Cospedal o Fernández Díaz. Pero hay que preguntarse cómo percibirá estos retoques la opinión pública, o sea, los electores. 

La mala conciencia impone las prisas, pues todo será campaña electoral tras las vacaciones parlamentarias, que están a la vuelta de la esquina. Y en este vertiginoso final de temporada, Sánchez no está seguro de conectar con los votantes. De ahí el empeño en alejar estas reformas de las urnas de mayo. Malo sería encararlas a la defensiva frente a estados de opinión que denuncian una deriva autoritaria y le acusan de asaltar las instituciones mediante cambios sobrevenidos de las reglas del juego.

Algunos retoques son de dudosa factura jurídica, como el referido a la renovación del Tribunal Constitucional (art. 159.3 de la CE), según la enmienda del Gobierno a la proposición de reforma del Código Penal. La enmienda pretende rebajar la mayoría requerida (de tres quintos a mayoría simple) para que el CGPJ elija a los dos magistrados que le corresponde nombrar para sustituir a la vez a un tercio del TC. 

Si no queremos que se enfangue todavía más el sordo y pegajoso enfrentamiento de Moncloa y los llamados vocales conservadores del CGPJ, disconformes con el aspirante propuesto por los llamados vocales progresistas (José Manuel Bandrés), más vale que la enmienda decaiga la semana próxima en el anunciado pleno extraordinario del CGPJ, que se propone, por fin, afrontar la obligada renovación (ya llevamos tres meses de retraso), pero con la normativa vigente. La pelota está en el aire.

La propia reforma del Código Penal, inicialmente concebida para cancelar el delito de la sedición, y las enmiendas presentadas ayer (malversación, enriquecimiento ilícito, normas de funcionamiento interno del TC…), cursan como una forma de «microgolpismo» sanatorio de los ataques de contrariedad de Pedro Sánchez cuando sus planes políticos no son compartidos por todas y cada una de las instituciones del Estado. 

Ese es el fondo de la cuestión que escandaliza a finos analistas y una buena parte de la clase política, con semejante clase de pedradas verbales: «viernes negro», «deriva autoritaria», «asalto a las instituciones», «aprendiz de dictador», mientras Vox tantea la posibilidad de una moción de censura para tumbar a Sánchez y el PP anuncia recursos de inconstitucionalidad, denuncias ante la UE y compromiso de restablecer el delito de sedición, cuando llegue al poder, así como derogar las medidas que tiendan a desproteger al Estado frente a los ataques de sus objetores.