Eduardo Uriarte-Editores
El proceder de Álvaro García Ortiz no constituye tan sólo un ultraje a la Justicia, ni siquiera hoy es importante destacar que su comportamiento fuera una sucia maniobra política para deshacerse de una adversaria a la que el presidente del Gobierno profesa una brutal inquina, sino que constituye, siendo lo más grave, la agresión del Ejecutivo al Poder Judicial en un paso más hacia la autocracia. La Abogacía del Estado y la Fiscalía al unísono se han convertido en este juicio en ariete de la demolición de la justicia del Estado de derecho surgido en la Transición. Un golpe de estado desde el Estado, un paso más en el dieciocho brumario bolivariano ejercido por el actual socialismo transformado en sanchismo.
Desarticulado el Parlamento como contrapoder y marco de encuentro político, ha comenzado la toma definitiva del palacio de las Salesas por el Sanchismo. Mientras dimitía Mazón -su última torpeza es la elección del día- la gente no prestaba la suficiente atención. Sin importancia en los titulares de la prensa oficialista se llevaba a cabo este nuevo paso del Estrecho que constituye el acceso a su juicio de García Ortiz con todo el atributo de fiscal general. Otra vez, en claro desafío, el Estado contra el Estado. Y ahora no son los militares de Marruecos los que se alzan contra la legalidad. Tampoco, aún menos, es como la Revolución de Asturias. Ahora es una agresión contra la legalidad desde dentro, desde el Ejecutivo mediante la utilización del fiscal general.
El procesamiento del fiscal general es un proceso político en el centro de una estrategia encaminada a ocupar cada uno de los espacios que conforman el estado democrático, en el seno de un proceder táctico, evidenciado por Sánchez, de llevar al límite y explotar en su favor cualquier situación crítica, desde la pandemia a su derrota electoral, o las víctimas de la Dana en Levante, por arriesgada que sea cada situación. Es un proceso político porque el discurso ejercido por la defensa del acusado, atendido bastardamente por la abogacía del Estado y la fiscalía, dependiente del gobierno y del mismo procesado respectivamente, lo realizan de la forma más cruel e irreverente contra el Tribunal Supremo. La defensa ha consistido desde el principio en deslegitimar al Tribunal Supremo, a la vez que intenta acusar a los allegados de Ayuso. Es un juicio político, y de tales tengo una cierta experiencia, porque en el mío se puso en crisis al franquismo.
En este nuevo hito en la ruptura del sistema político se hace evidente entre los afiliados del PSOE comparecientes en el mismo, salvo la excepción del defenestrado Lobato, la prevalencia de la militancia partidista sobre la conciencia ciudadana, arrastrándonos a épocas de enfrentamiento en la que la tribu todavía no había sido transcendida por la polis. Sectarismo destructivo que necesitará, como el fascismo, de malvados enemigos en todo momento para sostenerse en el poder. Dinámica de enfrentamiento que junto a la ruptura de las comunidades políticas, y no hay que ir hasta el país de Trump, acaban hundiendo en el retraso y la miseria a cada una de esas comunidades rotas. Deberíamos volver a contemplar nuestro duro pasado, estudiar de verdad el franquismo y no lo que nos proponen con el fin de volver a enfrentarnos, para evitar el ensimismamiento autodestructivo del que salimos en el setenta y ocho (cuando sí sabíamos lo que había supuesto el franquismo) y al que otro autócrata nos quiere devolver. Ya no se canta a las barricadas, se manda al fiscal general desafiante contra el Tribunal Supremo.
Puigdemont quiebra el apoyo a Sánchez y el coro gubernamental entona la canción francesa “il ne passe rien madame la marquise…” muy popular bajo la ocupación nazi. Pero esto será otro artículo.