Las migraciones existen, han existido siempre y van a seguir existiendo; pueden cambiar las formas que adopten, las procedencias y los destinos de los migrantes, el volumen y la intensidad de los flujos y reflujos migratorios; pero mientras haya humanos sobre la Tierra y territorios en los que las condiciones de sus habitantes sean distintas, las migraciones no van a desaparecer. Conviene tenerlo presente, aunque solo sea para evitar mantener posiciones irreales que parten de la premisa, falsa por completo, de que la inmigración puede ser erradicada si se adoptan las medidas pertinentes.

Pero además del hecho incontrovertible del fenómeno migratorio, es preciso saber también que existe un derecho que regula la situación de los migrantes. Empezando por las normas de ámbito universal, como la Declaración de Derechos Humanos, emanada de las Naciones Unidas en una de sus primeras sesiones (1948), que reconoce de forma expresa y explicita el derecho de «toda persona a salir de su propio país, así como de regresar a él» (artículo 13.2). Y continuando con la normativa europea y estatal, que también acoge a los inmigrantes como sujetos titulares de derechos, sin que estos puedan quedar desnaturalizados por las medidas de las autoridades nacionales.

En este marco, la regularización de la población migrante ha sido una medida a la que los sucesivos gobiernos han recurrido de forma reiterada a lo largo de las cuatro últimas décadas: González (1986,1991), Aznar (2000,2001), Zapatero (2005) y ahora Sánchez (2026) completa la lista. No se trata, por tanto, de una medida propia del ‘sanchismo’ sino de una práctica habitual de todos los ejecutivo, con independencia de su signo político. La única excepción, que confirma la regla, es Rajoy, que de no haber visto interrumpido anticipadamente su mandato por la moción de censura probablemente también habría recurrido a una práctica que no solo se ha dado aquí sino que ha sido utilizada también en los países de nuestro entorno.

Las regularizaciones, tan denostadas desde posiciones reactivas antiinmigración que ven en ellas una amenaza a la identidad nacional propia, no suponen aumento alguno de la cantidad de inmigrantes instalados en nuestro país. Lo único que implican es el reconocimiento de los que ya están entre nosotros. Se trata solo de legalizar una situación que ya existe de hecho pero que no existe jurídicamente, lo que además de los problemas, muy graves en algunos casos, que origina a quienes la sufren, es fuente permanente de conflictos de todo tipo que se pueden evitar con el simple reconocimiento legal de las personas migrantes; que es en lo que consiste la regularización.

Hay que decir también que la forma en que el Gobierno ha presentado la medida es manifiestamente mejorable. Es más que discutible que una decisión como esta se adopte al margen del Parlamento, más aún cuando ya había una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) cuya tramitación parlamentaria podía, y debía, haber sido activada. Es cierto que, a la vista del comportamiento de algunas de las fuerzas que hacen posible la continuidad del Gobierno, no puede garantizarse que la regularización salga adelante por la vía parlamentaria; pero siempre será mejor seguir este procedimiento, que no impide al Gobierno recurrir al decreto para aprobar las medidas regularizadoras como ha hecho ahora, que presentarlas como producto de una negociación con una fuerza política en particular, que además no es necesaria para su aprobación mediante decreto, con el fin de conseguir el respaldo de otro grupo, Junts, para otros asuntos.

Al margen de este más que dudoso proceder del Gobierno, extensible a la oposición y a las posiciones reactivas que ha venido manteniendo en esta materia, hay que acoger favorablemente que la regularización de los migrantes sea objeto de debate público y adquiera protagonismo. Se trata de un asunto que es, y va a seguir siendo en los próximos años con mayor intensidad, determinante para nuestro futuro.