La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado la quita de deuda a las comunidades autónomas como la gran panacea, pero los expertos no piensan que lo sea: «Los gobiernos regionales del PP aciertan oponiéndose, porque no les supone ningún ingreso adicional», explica el catedrático Mikel Buesa. «De acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reducción del coste de intereses tiene que aplicarse a la reducción del gasto público. Por tanto, ese argumento del Gobierno de que van a poder tener más gasto social es radicalmente falso», añade.

Buesa afirma que la quita está calculada para beneficiar a dos regiones: Cataluña, con la que el Gobierno ha llegado a acuerdos a través de los nacionalistas, y Andalucía, que es donde la ministra va a presentarse a las elecciones. «A las demás regiones se les maltrata, especialmente a Madrid», apunta en el audio que puede oírse al inicio de este artículo.

Buesa incide en que la medida no tiene solvencia técnica ni responde a criterios razonables de carácter económico. El profesor del IESE José Ramón Pin Arboledas agrega en el audio que puede oírse al principio de estas líneas que la medida de Montero incorpora, además, un riesgo moral: «Cuando cancelas la deuda de forma alegre y gratuita, promocionas que los gestores de esas comunidades lancen más deuda. Se financian con ella porque algún día vendrá el Estado y me la quitará».

El otro gran problema es la mutualización de la deuda: el reparto de esa deuda que no va a evaporarse y que pagaremos todos los españoles. «Esa mutualización va a ser especialmente cara para autonomías como Madrid», señala Pin Arboledas. El profesor del IESE no ve, de todos modos, nada clara que la quita de deuda vaya a salir adelante, entre otras cosas, por la posibilidad de que Compromís vote en contra por su repercusión en Valencia.

Buesa incide en que además es muy importante tener en cuenta que la quita de deuda es el primer paso de una operación mucho mayor: el cupo catalán. El hecho de que Cataluña se quedara con la recaudación de impuestos como se está planteando supondría «entre 500 y 600 euros menos por habitante para las demás regiones. Eso son muchas escuelas, muchos hospitales, mucho transporte público. Es una operación que va a implicar una pérdida de bienestar muy importante en toda España a excepción de Cataluña»