En un país normal (en éste mismo, cuando lo parecía) no debería constituir una rareza que el Gobierno de la nación y el de una autonomía, aunque sean de partidos adversarios, se pongan de acuerdo. Es su obligación y debería ser su rutina en vez de tratarse de un fenómeno casi inédito, por más que el modelo territorial se haya convertido desde hace tiempo en una palestra para todo tipo de pulsos de competencias, desafíos y colisiones institucionales, plantes y desencuentros. La celeridad con que la investidura de Sánchez ha permitido encontrar un consenso sobre los regadíos de Doñana pone de manifiesto que el problema esencial era político –es decir, electoral– y no técnico. Ha sido desaparecer las urnas del horizonte inmediato y producirse la avenencia entre el Ministerio de Teresa Ribera y la Junta de Juanma Moreno. El bombo con que han celebrado el final del conflicto –¡en un teatro!– parecía propio de un armisticio bélico. Sólo faltaban facilitadores suizos, tan de moda, o verificadores de la Unesco para levantar acta del desenlace del pleito y darle a esta ‘pax tartessiana’ rango de acontecimiento europeo. Luego habrá que cumplir lo pactado poniendo cada parte (contratante) setecientos millones de euros, pero a la vista del festejo y la satisfacción de los firmantes sería de mal gusto hablar de dinero.

La pregunta ahora –retórica, claro– es la de por qué no se sigue adelante en esta razonable vía de cogobernanza. Por qué el sanchismo se empeña en levantar un muro con el que aislar a media España. Por qué desprecia la lealtad institucional de la mayoría de las comunidades en beneficio de las fuerzas separatistas vascas y catalanas. Por qué, si de hecho es tan sencillo encontrar soluciones sensatas, prefiere ahondar la brecha de la confrontación y fracturar la convivencia ciudadana abriendo continuos frentes de hostilidad sectaria. Por qué se pasa por el forro las recomendaciones europeas sobre el poder judicial y acepta las que se refieren a Doñana. Por qué agravia a los que cumplen la ley y premia a los que además de transgredirla proclaman su abierta intención de seguir vulnerándola. Y no, no basta la explicación de los siete votos que le faltaban para completar la mayoría parlamentaria. Se trata de un concepto del poder basado en la explotación del antagonismo, de la división binaria de la sociedad, del enfrentamiento ideológico y político. Es la idea populista de la hegemonía a través de la fractura cívica y la invención de un enemigo. Es un proyecto artificial de supervivencia basada en la agrupación de rechazos instintivos, en la cohesión negativa contra un peligro ficticio. Por eso no cabe esperar que el armisticio andaluz sea el principio de una inesperada voluntad de compromiso. Estamos ante una excepción encapsulada en un ámbito muy específico y sin mayor recorrido. Bienvenida sea pero no ha lugar al optimismo.