Ala compañía Plus Ultra se le apareció Papá Noel en la pasada Nochebuena. El pasado 24 de diciembre, un decreto del Gobierno prorrogando medidas especiales del Covid la volvió a salvar de la quiebra cinco años después del rescate dictado al amparo del estado de emergencia. Los 53 millones de la SEPI –con la autorización de la ministra de Hacienda– no han servido para que la línea aérea equilibre sus cuentas y tanto la fiscalía española como la francesa sospechan que parte del dinero pudo ser usado en tramas de blanqueo vinculadas al régimen de Venezuela. Qué podía salir mal cuando con un solo avión activo, un montón de préstamos por devolver, una patente falta de solvencia y unos fundadores que ya habían hundido Air Madrid hace dos décadas, el Ejecutivo de Sánchez la declaró empresa estratégica susceptible de acogerse a las ayudas urgentes de la pandemia. He aquí lo que se llama una operación de irreprochable y cristalina lógica financiera.

Al menos Air Europa reunía condiciones para recibir protección del Estado. Las sombras que pesan sobre este caso provienen de que su consejero delegado, Javier Hidalgo, se puso nervioso porque el expediente iba con retraso y para acelerarlo acudió al mejor contacto que tenía mano, que resultó ser, vaya por Dios, la esposa del presidente cuya carrera privada había patrocinado. En aquellos días hubo mucho tráfago de intermediarios, que lo mismo apañaban contratos de mascarillas que desatascaban trámites burocráticos. Trabajaban a destajo; las cosas tenían que ir rápido y no era momento de andarse con reparos. Era tiempo para listos como Aldama, gente despierta con acceso franco a ciertos despachos. Otros se movían a distinto nivel: Ábalos tiene declarado que Zapatero le presionó para auxiliar a sus amigos –¿o clientes?– venezolanos. Y por si a alguien se le ha olvidado, eran también días trágicos para miles de enfermos y trabajadores sanitarios.

Ocurre que hay ocasiones en que el cartero de la Justicia vuelve a llamar a puertas que encontró cerradas en su primera visita. La denuncia sobre el socorro a Plus Ultra fue archivada en 2023 pero unas nuevas investigaciones de la Policía la han devuelto a los juzgados de la plaza de Castilla, y ahora es una fiscal de Anticorrupción la que dirige las pesquisas. En principio, los presuntos delitos de desvío de fondos afectan a los directivos de la firma, pero quizá alguien tenga que explicar por qué al cabo de un lustro el Consejo de Ministros continúa echando cables a una sociedad de tan opaca contabilidad y tan escasa capacidad operativa, que además ya estaba en pérdidas desde mucho antes de la crisis vírica. El rescate acumula irregularidades encadenadas que interpelan al entorno gubernamental y reclaman como mínimo responsabilidades políticas. Y ya es casualidad que en los episodios más turbios del sanchismo aparezcan siempre los mismos protagonistas.