Luis Ventoso-ABC
- En ninguna democracia sana seguiría ahí tras mentir y tras ser desautorizado por la Justicia
En una democracia bien oxigenada y con un presidente honorable ya habría sido cesado. Fernando Grande-Marlaska, bilbaíno de 58 años, juez de profesión con notable desempeño contra ETA y altivo ministro del Interior desde 2018, debería estar recogiendo sus bártulos. En realidad tendría que haberse marchado ya en mayo del año pasado, cuando mintió en sede parlamentaria sobre los motivos del cese del coronel Pérez de los Cobos. Pero ahora su situación se torna insostenible, al establecer un juez de la Audiencia Nacional que relevó a Cobos por «una motivación ilegal». Explicar su aberrante conducta es sencillo:
Un particular presenta a comienzos de 2020 una denuncia contra el entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, a la sazón secretario general del PSOE madrileño. Lo acusa de permitir manifestaciones y actos multitudinarios entre el 5 y el 14 de marzo (entre ellos las marchas del 8-M promocionadas por el Gobierno) cuando ya existían datos para saber que se ponía en riesgo la salud pública. A finales de marzo, la juez Carmen Rodríguez Medel pide a la policía judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid que investigue al respecto y prepare un atestado. La magistrada, temerosa de presiones del Gobierno para defender al viejo ‘apparatchik’ socialista Franco, se cuida de pedir expresamente a la Guardia Civil que «guarde rigurosa reserva» sobre sus pesquisas. Al frente de la Comandancia que lleva el caso está el coronel Diego Pérez de los Cobos, entonces de 56 años, distinguido en la lucha contra ETA y encargado del operativo que intentó evitar el referéndum ilegal de 2017. Cobos no es un personaje grato al Gobierno, porque los aliados separatistas que sostienen a Sánchez lo detestan.
En la noche del domingo 24 de mayo del año pasado, la directora de la Guardia Civil llama intempestivamente a Cobos y le comunica su cese fulminante. Al día siguiente, Marlaska afirma que se debe a «pérdida de confianza». En sede parlamentaria añade que el relevo tan solo atiende «a un proceso natural de cambio de equipos» y niega expresamente que se tenga que ver con sus investigaciones sobre el 8-M. Pero enseguida se descubre que el ministro está mintiendo, al destapar la prensa un documento ‘reservado’ de la directora de la Guardia Civil que prueba que el cese se debe a que el coronel se había negado a revelar el contenido de la investigación que le había encargado la juez con exigencia de confidencialidad. Es decir, Cobos cumplía con su deber y los mandos de Interior lo cesaron por ello, incurriendo en una inadmisible intromisión del Ejecutivo en la labor de la Justicia. Pero el coronel recurrió su cese y ahora la Audiencia Nacional le da la razón y exige que se le reponga en su cargo, recordando que ‘la legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad’. Una bofetada judicial en toda regla a Marlaska, que hace que no pueda seguir ahí ni un minuto. ¿Reacción del Gobierno? ‘Pa chulo el menda’: Marlaska se enroca y presentarán un recurso.
PD: eran los que venían a regenerar la vida pública.