Ignacio Camacho-ABC
- Juan Carlos tiene derecho a volver de su injusto destierro pero no a olvidar su prioritario deber de ayudar a Felipe VI
Nada. Ésa es la conclusión de tres años de investigación especial minuciosa y hasta quizá artificialmente prolongada sobre los manejos financieros del Rey Juan Carlos y sus estructuras fiduciarias. Comportamientos irregulares, reprochables e incompatibles con el deber de ejemplaridad pero carentes de relevancia penal por prescripción, inviolabilidad, regularización fiscal a posteriori o simple falta de indicios para armar una causa. Pesquisa cerrada, que no sobreseimiento, siempre a expensas de la eventual aparición de datos nuevos. A día de hoy sobre el ‘ciudadano Borbón’ no pesa ningún cargo susceptible de convertirlo en reo aunque le deje en muy mal lugar la recepción de unos dineros -65 millones, en concreto- que escapan por los pelos a la consideración de delito de cohecho.
Su reputación sale malparada de unas evidencias por las que pagó un alto precio: nada menos que la renuncia a la Corona y casi dos años de insólita -por la ausencia de procesamiento- condena preventiva de destierro que se ha acabado demostrando un error político manifiesto. Pero ha superado un escrutinio legal más que prolijo, dilatadísimo y envuelto en un escándalo social y mediático notorio que ha deslustrado el brillo de su papel histórico. Y por más que el clamor populista siga insistiendo en que la justicia es condescendiente con los poderosos, la realidad es que al hombre que restauró la democracia lo ha examinado la Fiscalía con un rectoscopio.
El veredicto ético queda al albur de cada individuo. Habrá quien siempre le esté agradecido por su incontrovertible servicio en el desmantelamiento del franquismo, un ejercicio que asombró al mundo por su desarrollo pacífico y abrió el país a la mayor etapa de prosperidad y convivencia del siglo. Habrá quien no le perdone un enriquecimiento moralmente ilícito, y habrá quien sienta lástima por el modo en que ha destruido su prestigio y se ha faltado el respeto a sí mismo. Son compaginables los tres juicios. Incluso un cuarto: la desazón por el daño causado a la monarquía como institución esencial del Estado. Quizá nadie haya hecho tanto como él, al cabo, por la consolidación de un sentimiento republicano que la Transición había diluido en su pacto pragmático. Ahora es su instinto, o lo que quede de él, el que puede evitar más estragos si es capaz de gestionar su retorno con el tacto necesario. Tiene derecho a regresar, si no con la cabeza muy alta sí con la presunción de inocencia reparada, pero no a olvidar que la misión de su vida se llama España y que aún se debe a la responsabilidad de preservar la estabilidad dinástica de cualquier zozobra o amenaza. No puede volver a traicionar la confianza que se ganó con una extraordinaria demostración de sutileza y audacia. Su último cometido consiste en ayudar a Felipe VI y en los próximos meses veremos si en su injusto exilio ha alcanzado a comprenderlo.