Ignacio Camacho-ABC

• Además de reclamar a Juan Carlos las explicaciones pendientes Sánchez debería ofrecer algunas de las muchas que nos debe

Siempre pendiente de no desairar a sus aliados y de mantener encendida una velita en el altar republicano, Sánchez insiste en pedir explicaciones al Rey Juan Carlos sobre esos «pasados acontecimientos de su vida privada» a los que alude en su último comunicado. Hay desde luego en la conducta del emérito algunos episodios tan poco claros que ni siquiera la Fiscalía ha podido desenmarañarlos a lo largo de una investigación de dilatadísimo plazo, una pesquisa sobre cuyo escaso equilibrio entre duración y resultados también debería pronunciarse quien blasona de controlar el Ministerio Público como directo superior jerárquico. De paso, podría aclarar el papel de La Moncloa en un destierro ‘de facto’ que alejó de España al anterior monarca sin juicio, sin veredicto y sin que ninguna instancia judicial le formulara cargo alguno. Los mismos ciudadanos que merecen estar al tanto de los manejos financieros del exjefe del Estado desconocen el encaje legal de esa rara expulsión preventiva de dos años que a simple vista cuesta encuadrar en el ordenamiento de un país democrático. Puestos a explicarse, que siempre es necesario, han de hacerlo todos del Rey abajo.

Y no sólo sobre este asunto al menos provisionalmente zanjado. Estos días de efeméride feminista son idóneos para recordar que el propio Sánchez nos debe, como aquel alcalde de Berlanga, algún comentario sobre ciertas manifestaciones de un 8 de marzo que su Gobierno autorizó cuando el Covid ofrecía ya diáfano peligro de extensión del contagio, reconocido incluso en un protocolo elaborado por la ministra de Trabajo -que por cierto se ausentó, como ayer, de la fatídica marcha alegando que su hija celebraba ese día su cumpleaños -y en un informe policial ‘premiado’ con el cese fulminante de los mandos que lo elaboraron. Sin salir de la pandemia están por justificar cientos de contratos adjudicados por el procedimiento sumarísimo, los criterios del ficticio comité de expertos en los que Sanidad basó sus mandatos restrictivos, los dos estados de alarma dictados sin soporte jurídico o los motivos para el optimismo que empujaron al líder del Ejecutivo a dar al virus por prematuramente vencido en contra de cualquier consenso científico. Por no hablar de las aún cuestionables cifras totales de fallecidos. Ese silencio y esa confusión tampoco resultan, por decirlo con palabras sanchistas, «de recibo».

La opinión pública espera asimismo que el Ejecutivo explique la pauta de adjudicación de los fondos de ayuda europeos, que constituye un profundo misterio agravado por un método de tramitación extremadamente complejo. Quizá el presidente lo pueda dilucidar, junto al resto de los temas pendientes, en uno de esos contados días en que se digna comparecer ante el Parlamento. Nos conformaríamos con que suceda más o menos al mismo tiempo que Juan Carlos se decide a hablar sobre sus dineros.