Consultando la hemeroteca puede comprobarse que soy uno de los que -muchos o pocos- viene criticando duramente la gestión de MJ Montero al frente del Ministerio de Hacienda. Su política acusadamente abrasiva, que ha supuesto la mayor subida de presión fiscal que hemos sufrido los contribuyentes en solo cinco años; su ausencia de ética para llevarla a cabo aprovechándose de la inflación para aumentar ilegítimamente la factura fiscal que nos exige a los contribuyentes; las irregularidades jurídicas que ha cometido, impulsando la creación de los impuestos contra la banca y contra las energéticas, ambos camuflados legalmente como supuestos “gravámenes patrimoniales” para así eludir los requisitos legales que se exigen para la creación de impuestos; la recentralización fiscal contraria al Estado de las Autonomías que ha realizado al absorber de hecho y de derecho una competencia autonómica como es la tributación sobre el patrimonio; su absoluta inacción sobre la mejora de los sistemas de control de eficacia y eficiencia en el gasto público pese al desorbitado aumento durante el mandato del Gobierno al que pertenece; los proyectos de modificación de los procesos selectivos para ser funcionarios de la Hacienda que permitirían al Gobierno disponer de “inspectores de cámara”… Estas y otras muchas cuestiones realizadas por MJ Montero son criticables y yo así lo hecho desde estas páginas tan duramente como se merecen.
Pero la increíble actuación de la ministra de Hacienda en la semana pasada supera todo lo anterior. Y lo supera porque no se trata de decisiones de Gobierno con las que se puede estar o no de acuerdo, no. Lo realizado por MJ Montero en la cuestión relativa a la situación tributaria de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es de una gravedad sideral. Ha quebrado de raiz el pacto histórico y sagrado que vincula a la Hacienda Pública con los contribuyentes. Según dicho pacto, para posibilitar al Fisco que compruebe el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias por los ciudadanos todos hemos de desnudarnos ante la Hacienda Pública comunicándole nuestros datos económicos, patrimoniales, familiares, vitales y, correlativamente, ella queda obligada a preservar el secreto de los datos que le suministramos y a utilizarlos exclusivamente para lo que le son comunicados: la gestión tributaria. Estas condiciones que deben cumplir ambas partes forman parte del Ordenamiento Jurídico en el que, además, se prevén duras sanciones tanto para el contribuyente que incumpliese sus obligaciones como para los funcionarios y autoridades que incumplieran las suyas. Quiere decirse que al romper el pacto descrito, ha infringido gravemente las normas legales en las que se regula su contenido.
El origen de la filtración podría provenir de otros ámbitos como pueden ser la Fiscalía o en el Juzgado. Disipar la sospecha de que el origen de lo filtrado haya sido la Agencia Tributaria estaba en las manos de la vicepresidenta primera
Siendo el descrito el escenario ético y jurídico que rige para la relación entre los contribuyentes y la Hacienda Pública, la semana pasada todos los españoles hemos podido ver en televisión cómo la ministra de Hacienda incumplía gravemente lo que ella está obligada a cumplir. Lo hizo al desvelar ante las cámaras de las televisiones datos del expediente de inspección de un contribuyente que no habían salido a la luz, como son su adquisición de una vivienda y en especial, el origen de sus ingresos, informaciones que no se conocían públicamente. Es significativo además que, en un torpe intento de ocultar la gravedad de lo que estaba haciendo -desvelar datos de un contribuyente protegidos por el secreto y sigilo legalmente obligados-, MJ Montero manifestó que «según han publicado los medios…”. Falso de toda falsedad, ningún medio de comunicación había publicado hasta entonces lo que ella desveló, de modo que tanto la mentira como la ilegalidad de la ministra de Hacienda resultan flagrantes existiendo una prueba gráfica incontestable de ambas. La revelación de datos que legalmente no podía revelar es indiscutible. Como es indiscutible -vuelvo a remitirme a la prueba gráfica- que utilizó dichos datos secretos para atacar a una rival política como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuestión también prohibida legalmente, pues, como he anticipado, la información fiscal que obra en poder de la Hacienda Pública solo puede utilizarse para cumplir los fines de la gestión tributaria.
Junto a lo anterior, las gravísimas declaraciones realizadas por MJ Montero obligan a plantear otra cuestión de enorme trascendencia. ¿Quién le filtró ilegalmente a la ministra los datos que ella desveló ilegalmente y que utilizó también ilegalmente? Una aproximación natural obliga a dirigir la mirada a la Agencia Tributaria por ser aquella su superior jerárquica. Pero es cierto que el origen de la filtración podría provenir de otros ámbitos como pueden ser la Fiscalía o en el Juzgado. Disipar la sospecha de que el origen de lo filtrado haya sido la Agencia Tributaria estaba en las manos de la vicepresidenta, que debiera haber iniciado inmediatamente una investigación interna para la que tiene los medios tecnológicos, humanos y organizativos de sobra. Incomprensible y sorprendentemente no lo ha hecho -así cabe entenderlo, pues no lo ha comunicado- por lo que la sospecha inicialmente dirigida hacia la AEAT parece confirmarse. Estaríamos así ante una infracción muy grave cometida por el funcionario o directivo que haya filtrado la información que legalmente no podía filtrar y ante una actuación de complicidad, connivencia o inducción por parte de la ministra de Hacienda con la reseñada infracción.
Esta infracción que -con la complicidad, connivencia o inducción de la ministra- ha cometido presumiblemente un funcionario o un directivo de la Agencia Tributaria está calificada legalmente como muy grave y lleva acarreada la imposición de sanciones muy duras. Como muestra, en mi etapa de director general de la entidad, llegué a imponer sanciones de suspensión de empleo y sueldo por dos años a empleados de la Agencia Tributaria que las cometieron.
Con independencia de todos aquellos que le hayan podido suministrar ilegalmente la información que le suministraron, MJ Montero ha cometido la mayor corrupción de la historia de la Agencia Tributaria
En base a todo lo anterior, he afirmado públicamente y lo sigo haciendo, que estamos ante el caso de corrupción más grave de la historia de la Agencia Tributaria ¡y mira que habido algunos que…! Un ejemplo, cuando fui su director general me tocó ordenar una investigación sobre la conducta seguida por antiguos directivos de la AEAT durante la etapa anterior de un Gobierno del PSOE -el conocido caso Huguet/Aguiar– y remitir la correspondiente denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. Como se sabe, el tema finalizó con la condena penal de varios exdirectivos socialistas de la Agencia y su consecuente ingreso en prisión. Pues bien, pese a ello, considero firmemente que el affaire MJ Montero tiene mayor gravedad. Es así porque ha sido la propia ministra de Hacienda, superior jerárquica de la AEAT, la que ha violentado flagrantemente las obligaciones legales que deben cumplirse en la institución y que debe cumplir ella misma como ministra. Es la máxima responsable de que los funcionarios de la AEAT cumplan los deberes legales de sigilo y secreto y de utilizar solo en la forma debida los datos fiscales de los contribuyentes y, lejos de cumplir con su función de vigilancia, ha sido ella la que ha procedido a incumplirlos con retransmisión televisiva en directa de su flagrante incumplimiento.
Es como si, descubierto un robo a gran escala, se comprobara que el capo de la banda de los ladrones resultara ser el jefe de policía. O como si, investigado un caso de violación múltiple, resultara que quien la hubiera planificado y ordenado ejecutar hubiese sido la titular de un Juzgado de Violencia de Género. Por eso, y con independencia de todos aquellos que le hayan podido suministrar ilegalmente la información que le suministraron, MJ Montero ha cometido la mayor corrupción de la historia de la Agencia Tributaria. Puede considerarse con razón que algún predecesor suyo -léase Montoro– presumió públicamente en tono amenazante de disponer de datos de contribuyentes. Es cierto, también fue grave y así lo he manifestado en no pocas ocasiones, pero, los supiera o no, Montoro no llegó nunca a hacer públicos los datos del expediente tributario de algún contribuyente como sí ha hecho ahora su sucesora. De ahí que la gravedad de lo realizado por esta supera cualquier antecedente y alcanza la dimensión y trascendencia que estoy exponiendo.
Como añadido “menor”, citaré que, 24 horas después de cometer públicamente la ilegalidad que cometió, la ministra de Hacienda volvió a hablar ante las cámaras de las televisiones refiriéndose al tema para afirmar, con total desvergüenza, que ella no había dicho nada. Volvió así a mentir, de nuevo en televisión y cuando todos teníamos aún en la retina lo que sí dijo el día anterior. ¡Menuda indignidad!
Todo apunta también a que a la ministra de Hacienda no le hacía demasiada gracia lo que había descubierto la AEAT: Que el origen del gran fraude está en el Ministerio de Transportes
No es baladí analizar el entorno en el que, utilizando instrumentalmente a la Agencia Tributaria, MJ Montero ha cometido el flagrante ilícito que estamos analizando. Sucede que la denuncia formulada contra Alberto González por la AEAT ante la Fiscalía tuvo lugar el pasado 22 de enero. ¡Oh casualidad!, el mismo día en el que el Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional que instruye el escándalo de las mascarillas acaecido en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez requiriera a la Agencia Tributaria la entrega de un informe, el que recopilara el resultado de la investigación llevada a cabo por dicha institución en relación con el reseñado escándalo. Todo apunta a que MJ Montero reaccionó ante dicho requerimiento ordenando a la Agencia Tributaria la presentación al “corre-corre” de la denuncia contra Alberto González. Y todo apunta también a que a la ministra de Hacienda no le hacía demasiada gracia lo que había descubierto la AEAT: Que el origen del gran fraude está en el Ministerio de Transportes; Que desde este se instó a que otros ministerios y comunidades autónomas regidas por el PSOE contrataran “como fuera” con Soluciones de Gestión, la empresa vértice de la corrupción; que cumpliendo con la orden recibida, unos y otras contrataran de “aquella manera” con la citada empresa sin ninguna cautela en defensa de los intereses generales; que, además, se infringiera manifiestamente la Ley de Contratos del Sector Público en lo que hace al cumplimiento y pago de los contratos -artículo 250-; que, como consecuencia de todo lo expuesto, se haya producido una pérdida indebida de fondos públicos y un claro perjuicio para las arcas del Tesoro.
Tan elevado fue el disgusto de MJ Montero por el contenido del informe de la Agencia Tributaria que, entregado por esta al Juzgado el día 2 de febrero, tan solo tres días después el Ministerio de Hacienda procedió a cesar fulminantemente tanto a la delegada de la AEAT de Aragón, delegación desde la que se emitió el informe, como al director del Departamento de Inspección, órgano que se lo remitió a la Audiencia Nacional. ¡Oh casualidad también!
Incapacidad profesional
Es imposible dejar de ver la relación existente entre el curso de los acontecimientos del llamado caso Koldo y la utilización espuria e ilegal del expediente tributario de Alberto González por parte de MJ Montero. El uso que ha hecho de la AEAT con fines políticos partidistas es absolutamente indigno y, como he explicado, ha llegado a contravenir varias prohibiciones legales. Culmina así MJ Montero, al menos de momento, lo que es su nefasta gestión al frente del Ministerio de Hacienda. Hace más de 44 años que ingresé como funcionario de carrera en dicho Ministerio, he trabajado a las órdenes de diversos ministros de la UCD, del PSOE y del PP, pero nunca, nunca, he contemplado algo semejante, ni siquiera parecido, al destrozo que está ocasionando MJ Montero. Las flagrantes ilegalidades que cometió la semana pasada no son sino la consecuencia inevitable de situar al frente de un Ministerio tan importante a alguien tan incapaz profesionalmente, tan indigna éticamente y tan poco respetuosa con la legalidad que debe cumplir y hacer cumplir.