El par director de la Generalidad, Puigdemont y Junqueras, ha perpetrado a pachas una tribuna que ayer abría la portada de El País, Que gane el diálogo, que las urnas decidan, y que mira al referéndum escocés de 2014 como fuente de inspiración. Nuestros nacionalistas escogen sus modelos guiados por un fetichismo incontrolable. Allá donde una voz se levante para reclamar el fin (la independencia) o el instrumento (la autodeterminación) habrá un nacionalista que grite «¡mía!», mirando con arrobo el modelo, sea Andorra, el Estado Asociado de Puerto Rico, Gibraltar, Irlanda o Kosovo. Y por supuesto, Escocia y Quebec.
Cuando Artur Mas consideraba la independencia concepto anticuado y oxidado, eran los nacionalistas vascos los que adoraban el talismán al enterarse de que los ciudadanos alemanes iban a celebrar un referéndum. No era para escindir Renania del Norte-Westfalia de la RFA, sino para la reunificación de las dos Alemanias.
El diálogo es sin duda deseable y las urnas son un medio aceptable para que los ciudadanos se expresen, pero eso no quiere decir que se pueda hablar de cualquier cosa. Un suponer: realizar un referéndum para implantar en una autonomía la pena de muerte. No podría ser y no cabría el majadero argumento «que las urnas decidan», ni cabría diálogo sobre el tema. ¿Por qué? Porque la pena de muerte está fuera de nuestra legalidad, según establece la Constitución en su artículo 15: «Queda abolida la pena de muerte».
Escribió Montesquieu que «la libertad (o sea, la democracia) consiste en hacer lo que está permitido por las leyes, porque si se pudiera hacer lo contrario todos querrían hacerlo y entonces no habría libertad».
Propone esta pareja de intelectuales alternativos pactar la vía escocesa. Creen los pobres que en Escocia «no se dejó en manos de los tribunales lo que se pudo resolver políticamente». La realidad es muy otra: se pudo dialogar y resolver políticamente porque no había ningún impedimento legal que lo obstaculizara. Escocia e Inglaterra se unieron a comienzos del siglo XVIII por voluntad de sus parlamentos y no hay una Constitución del Reino Unido que prohíba la separación.
Otro tanto viene a ocurrir con el derecho a decidir que Ibarretxe importó de Quebec y que los secesionistas catalanes han copiado en versión libre. Tengo a este respecto una anécdota personal. El 25 de noviembre de 2003 me cupo el honor de presentar la primera conferencia que el ministro de Relaciones Intergubernamentales de Canadá, Stéphane Dion, impartió en España sobre la Clarity Act. Durante el almuerzo, uno de los comensales le preguntó por qué la Ley de la Claridad y él respondió concisamente: «Porque nosotros no tenemos una Constitución que diga lo que dice la suya en su artículo 2º».
«Es la Ley, estúpidos», les habría dicho James Carville, asesor de Clinton. Pueden cambiar la Constitución, pero no saltársela. Eso es golpismo. Como el que denunciaban el domingo los 15.000 manifestantes de Sociedad Civil Catalana: ¡Paremos el golpe! ¿Recuerdan la anterior intentona golpista? Fue un 23-F, hace 36 años, y ese mismo diario sacó una edición extra titulando a cinco: El País, con la Constitución. O tempora, o mores.