Kepa Aulestia-El Correo

El Gobierno vasco, por boca de la consejera de Autogobierno y portavoz Maria Ubarretxena, reiteró el miércoles su intención de analizar la iniciativa legislativa impulsada por PSOE y Junts para delegar en la Generalitat catalana competencias relacionadas con la inmigración, por si pudiera ser «conveniente» para Euskadi reclamar también nuevas atribuciones. Señalando al tiempo desconocer los «detalles» del acuerdo Sánchez-Puigdemont. Es de entender que más allá del articulado de la proposición de ley registrada el martes en el Congreso.

El jueves, el presidente se refirió desde Bruselas a la eventualidad de que la norma apalabrada no sea aprobada por las Cortes Generales -ni siquiera tomada en consideración para su trámite-, despejando la cuestión con un «partido a partido». Sin duda porque la ‘necesidad’ del Ejecutivo Sánchez está en mantener la sintonía con Junts sobre una materia cuyo desarrollo autonómico no estaría por ahora en manos de los de Puigdemont. Y su ‘virtud’ sigue el juego de las dos versiones a las que Moncloa y sus interlocutores independentistas parecen habituados ya.

Junts pretende levantar un dique de contención ideológico frente al auge de Aliança Catalana y otros grupos en el extremo reaccionario del secesionismo. Si la proposición sale adelante, será el gobierno de Salvador Illa el que tendrá que retratarse frente a las exigencias de Puigdemont. Aunque para entonces la legislatura a la que se aferra Sánchez estará ya muy avanzada, con Presupuestos o con su prórroga. Y si la ‘mayoría de progreso’ se deshilacha por la narrativa xenófoba a la que recurre una y otra vez el ‘partenaire’ de Waterloo, y la delegación de competencias se queda en nada, asistiremos al enésimo combate de relatos en el ‘bloque de la investidura’ ya exhausto.

La consejera Ubarretxena y su Gobierno se han vuelto a mostrar ‘pujolistas’ en el tema. No pospujolistas. Cautela antes que ventajismo. La Euskadi institucional podría hacerse cargo de más competencias en materia de inmigración. Convertir el autogobierno vasco en un puerto de acogida aún más eficiente para quienes arriben a partir de mañana mismo. Y en un entorno más inclusivo para quienes, menores y mayores, están ya aquí.

Pero el corolario de que «cuantas más competencias, más bienestar» continúa restringiéndose a los aborígenes. Porque la Euskadi institucional mira a todo esto de reojo, en una comunidad que percibe el doble de población extranjera de la existente -un 24,2% frente al 13,2% real-. Con una mayoría abrumadora del 82,8% convencida de que la inmigración aumentará. Reacia a la expulsión de quienes no encuentren trabajo, pero también a regularizar su situación en tal caso. Acogedora y recelosa a la vez. Dispuesta a compartir los servicios existentes, pero contraria a la puerta abierta del agrupamiento familiar, aunque la familia sea el núcleo identitario de los vascos. Así lo certifica Ikuspegi.

El oasis vasco, con un 13,2% muy diverso de población extranjera, puede permitirse el lujo de ensalzar el «modelo vasco de acogida». En Cataluña es de cinco puntos más, en una evolución pareja con la de España en su conjunto. Cinco puntos de diferencia, uno a uno, son el abismo que preserva a Euskadi de incubar su particular Euskal Aliantza.