La situación del mercado laboral español es… sorprendente. Mientras que las estadísticas confirman un nivel de paro intolerable, situado en máximos europeos -sin contar a los acogidos a los ERTE ni a los autónomos con prestación, que son varios cientos de miles-, los empresarios afirman que no encuentran personas adecuadas para ocupar los puestos vacantes que necesitan cubrir. Esa anómala situación está agravada por un exceso de temporalidad, en la que colaboran de manera importantísima las propias administraciones públicas; y por una fijación obsesiva en las capas más jóvenes de la población, que sufren porcentajes de paro escandalosos.
Nuestros dirigentes saben muy bien todo lo que es necesario hacer para crear empleo y conocen al detalle las características que deben tener los empleos creados. Por eso se atreven a legislar continuamente sobre ello. Es una lástima que no apliquen toda esa acumulación de ciencia a crearlos, que es una actividad que nunca figura en su currículum.
Estamos en un momento crucial. Por las cifras y porque el Gobierno se enfrenta a los compromisos de reforma que adquirió de manera un tanto irreflexiva. Su insistencia en la derogación no consigue ocultar la evidencia de su inacción; y las vacilaciones sobre su alcance afloran las enormes divisiones que anidan en su seno. No parece que tenga las ideas muy claras al respecto, ni que esté excesivamente entusiasmado con la idea de cumplir sus promesas. Esto no es novedad. De momento se ha limitado a dos cosas. Por un lado, a aumentar la carga impositiva que soporta el empleo, algo que camina en la dirección perfectamente opuesta a la conveniente. Y por otro, a incurrir constantemente en la contradicción de denigrar la legislación actual y vanagloriarse de los resultados logrados con su aplicación.
Los empresarios anuncian que no firmarán una reforma que responda a criterios ideológicos, lo que puede conducirnos a un callejón sin salida. La propuesta de reforma responde desde su concepción a postulados ideológicos. Si buscase la eficacia, se fijaría en los puestos de trabajo creados y en los despidos evitados al abrigo de la legislación actual. Hay suficientes estudios al respecto y todos ellos mencionan cifras superiores al millón. La vicepresidenta segunda es una hábil negociadora y conoce bien los límites de esta negociación, pero nadie puede dudar de que se sentará en ella impregnada de ideología. Está en su derecho, pero no es lo más conveniente. Y todo ello sucede bajo la atenta mirada de Bruselas, que no será tan complaciente como en el caso de las pensiones.