Eso es lo que sucedió el pasado miércoles, 18 de noviembre. El Ejecutivo introdujo en el BOE otro atropello a las libertades, en este caso a la libre circulación de capitales, que es uno de los cuatro pilares fundamentales sobre los que se asienta el mercado único de la Unión Europea. Se trata del Real Decreto-ley 34/2020, titulado así: «De medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético». 

El texto, de 35 páginas, es un bodrio del tamaño de la catedral de Burgos. En teoría está diseñado para ayudar a las empresas, puesto que extiende los avales del ICO y regula los procesos concursales durante la pandemia. Sin embargo, también añade, bajo la burda fórmula de «en otro orden de cosas», una modificación legal para imponer un régimen de autorización previa por parte del Gobierno a las inversiones procedentes de la Unión Europea.

Ese decreto estará en vigor, como mínimo, hasta el 30 de junio de 2021 y afectará a las operaciones que supongan la compra de al menos el 10% o la toma de control de una compañía cotizada o un desembolso de más de 500 millones en el caso de no estar cotizada. Además, se someterán también a ese control excepcional las inversiones realizadas en España ¡por empresas españolas! que estén participadas en más de un 25% por capital extranjero.

En teoría, la medida sólo afecta a unos cuantos sectores económicos, pero la redacción del decreto es tan deliberadamente ambigua, que en realidad el Gobierno tiene manos libres para intervenir en todo aquello que considere oportuno, pues en el texto se habla de «salud», «orden público», «tecnologías», «energía», «defensa», «medios de comunicación», «servicios estratégicos», «sectores con acceso a información sensible»… y, para colmo, se abre la puerta a la total discrecionalidad al decir que se vetarán las operaciones «si existe riesgo grave de actividades delictivas o ilegales» por parte del inversor.

Algo parecido ya fue aprobado por el Gobierno el 31 de marzo, pero sólo para las inversiones procedentes de fuera de la UE. Ahora se incluyen las operaciones europeas y las lanzadas por empresas españolas con accionistas extranjeros. Además, se amplían los sectores implicados hasta el punto de que no hay empresa del Ibex que no encaje en alguna de las definiciones del párrafo anterior.

La medida en principio está creada para proteger las empresas estratégicas en un momento en que la mayoría de ellas atraviesa por una enorme debilidad. Sin embargo, en la práctica supone que el Gobierno tendrá derecho de veto para decidir sobre cualquier operación empresarial de relieve que se produzca en España de aquí hasta el 30 de junio.

Una puerta para la corrupción

En medio de una crisis económica sin precedentes, y cuando más necesita España que llegue inversión extranjera, el Gobierno no sólo se permite el lujo de imponer una barrera más para la entrada de capitales, sino que se arroga el derecho a decidir sobre todo aquello que considere oportuno. A partir de ahora, por tanto, el empresario extranjero que quiera entrar en España tendrá que pasar antes por Moncloa, verse con la oficina económica de la Presidencia del Gobierno, que depende del todopoderoso Iván Redondo, y tragar con lo que le digan, si es que quiere tener éxito.

La autorización previa de las inversiones extranjeras aprobada por el Gobierno es una puerta abierta a todo tipo de corruptelas, aparte de que es ilegal pues afecta a los ciudadanos del resto de la UE

Semejante mecanismo de autorización previa es una intromisión en la normal actividad empresarial de una democracia de libre mercado y una puerta demasiado abierta a que se puedan producir todo tipo de corruptelas: la arbitrariedad que permite la norma aprobada es una magnífica invitación para pedir un porcentaje a cambio de la autorización gubernamental. El viejo 3%, por ejemplo. 

Pero, aparte de ello, la medida aprobada por el Consejo de Ministros es ilegal, pues el Tratado de la UE prohíbe expresamente cualquier restricción a la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales entre los propios estados miembros. De hecho, esa fue la razón por la que España y algún otro país tuvieron que eliminar hace años la denominada ‘golden share’, que daba a los gobiernos ese derecho de veto sobre determinadas inversiones extranjeras.

Eso es lo que ha provocado que en Bruselas hayan vuelto a saltar las alarmas estos días, porque nadie se explica cómo es posible que el Gobierno español se meta en un charco tan profundo, y más contando entre sus miembros con personas que han pasado por la capital de la UE y que conocen perfectamente el derecho comunitario, como la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, la de Exteriores, Arancha González, o el de Agricultura, Luis Planas.

A la altura de Hungría

Es verdad que la UE recomendó proteger las empresas estratégicas durante este complicado año, pero sólo de las inversiones procedentes de países terceros y siempre que fueran impulsadas por compañías de titularidad pública. Lo que acaba de hacer España excede esa recomendación por tres motivos: 1) se extiende el veto a las inversiones realizadas por ciudadanos europeos, 2) en vez de limitar la medida a los sectores estratégicos se abre el abanico con expresiones genéricas en las que cabe cualquier operación y 3) la medida se amplía hasta el 30 de junio, tres meses después de la fecha en la que acabará el estado de alarma. Dicen los expertos que sólo hay dos países europeos con medidas tan excesivas: Italia y Hungría.

Esta es la tercera vez este otoño que en Bruselas provoca estupefacción algo aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Las dos primeras fueron la proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados para tomar el control del Poder Judicial, que todavía no ha sido retirada, y la publicación en el BOE de la comisión especial que se encargará de vigilar «el pluralismo de los medios de comunicación».

Como contaban este domingo en Vozpópuli Ortín y Zarzalejos, el decreto recién aprobado otorga al Ejecutivo el mayor poder jamás visto en la España democrática en cuanto a inversiones se refiere. Y si a eso añadimos que, como consecuencia de la crisis, el Estado está empezando a tomar el control de empresas en apuros a través de la Sepi: el retroceso del liberalismo en favor del intervencionismo es más que evidente. ¿Se revertirá pronto esta tendencia? En verano lo sabremos, pero, mientras tanto, conviene estar en guardia y con un ojo pendiente del BOE.