Podría sentarse en el banquillo vestido con la toga. Para deshonrarla mejor, como en el cuento de Caperucita. O huir, como Puigdemont, y obligar a sus subordinados a desplazarse a Suiza para despachar con él los asuntos de rutina. ¿Absurdo? Sí, tan disparatado como un fiscal general procesado en un juicio cuya acusación debe ejercer un profesional sometido a su jerarquía. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir si Álvaro García Ortiz obedece la consigna sanchista de mantenerse al frente de la Fiscalía desafiando la lógica, la razón, la dignidad personal y el respeto a la administración de Justicia. Otra situación sin precedentes, la enésima anomalía de una democracia convertida en campo (de Agramante) de la arbitrariedad jurídica y política.

Por supuesto se trata de ‘lawfare’ y bulos de los medios. Y si hay condena ya encontrará el Tribunal Constitucional un vericueto por el que colarse para enmendar el veredicto del Supremo. Y entretanto todos quietos. La estrategia de la resistencia no hace excepciones: el presidente ha ordenado que nadie abandone su puesto en la defensa del cerco. El tiempo en que los ministros eran obligados a dimitir por una artimaña tributaria o por copiar una tesis –¡¡ay!!– queda muy lejos. Ahora toca blindar el Ejecutivo por fuera y por dentro, y el Ministerio Público –su propio nombre lo dice, ¿no?– es para Sánchez una cartera más del Consejo, el vigésimo tercer departamento. Se impone el numantino lema castrista: ni un paso atrás ni para tomar aliento.

El auto de procesamiento señala a la Presidencia como autora de la indicación de filtrar datos confidenciales de un ciudadano. Presidencia no es sólo es el presidente, claro; bajo ese nombre genérico hay en Moncloa un complejo magma de altos cargos que incluye secretarios de Estado, directores y subdirectores generales, jefes de gabinete con jefes de gabinete, asesores y decenas de subordinados. Y el trabajo principal de ese entramado orgánico consiste en armar «el relato», la narrativa propagandística que García Ortiz quería ganar cuando otro jefe de gabinete, el de Ayuso, le ganó por la mano.

Porque el asunto consistía en equilibrar de algún modo el recién estallado escándalo de la esposa de Sánchez. Y el modo fue el de divulgar que el novio de la dirigente madrileña había admitido un fraude en el impuesto de sociedades. Esa presunta revelación de secretos particulares involucra al fiscal en una maniobra de sabotaje, una operación ventajista de cloacas judiciales. De momento, el resultado es bastante desfavorable a los intereses gubernamentales, pero lo peor es que el prestigio de una institución imprescindible en la persecución de delitos ha quedado para el arrastre y su titular comprometido en una grave sospecha de deslealtad a sus responsabilidades. Otro destrozo en el balance de un mandato que está volando el Estado de derecho por los aires.