Las recientes decisiones de la Audiencia de Badajoz (en relación al caso de David Sánchez) y de la Audiencia Provincial de Madrid (sobre el de Begoña Gómez) apuntan en una misma dirección, que deberá ahora ser confirmada en juicio: la de que Pedro Sánchez habría convertido La Moncloa en un Business Center y una Agencia de Colocación familiar para impulsar los negocios privados de su esposa y garantizar el empleo público de su hermano, respectivamente.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado frontalmente los intentos de «restar capacidad de influencia» a Pedro Sánchez en el caso de su hermano David.
La juez Beatriz Biedma subrayó de hecho, ya hace meses, la «capacidad para influir» en el PSOE de Badajoz que Pedro Sánchez tendría desde 2017. A juicio de la magistrada, esa situación acabó provocando que se concediese un cargo a su hermano menor, el músico David Sánchez.
Pero David Sánchez no se conformó con conseguir un empleo público a medida. La investigación judicial ha revelado detalles que demuestran su plena conciencia de estar explotando comercialmente su condición de «hermano de Pedro Sánchez».
El músico, tal y como informa hoy EL ESPAÑOL, llegó a crear una dirección de correo electrónico corporativa con el dominio «moncloaprogramación@», sugiriendo deliberadamente una vinculación con el palacio presidencial para atraer clientes potenciales que creyeran estar contratando servicios avalados por La Moncloa.
Esta maniobra revela no sólo oportunismo, sino una estrategia consciente de mercantilización del poder presidencial.
El caso se agrava cuando analizamos cómo Luis María Carrero, exasesor de Moncloa que trabajó directamente para Pedro Sánchez entre 2020 y 2023, se dirigía al hermano del presidente como «querido hermanito» mientras «ejercía labores de asesoramiento para el músico, antes de 2024, cuando todavía dependía de La Moncloa».
La Unidad Central Operativa ha documentado que ambos «ya daban por segura su incorporación» a la Diputación de Badajoz «23 días antes» de la publicación oficial de las bases del proceso de selección.
La Audiencia Provincial de Madrid ha sido también categórica al identificar «una estructura institucionalizada de poder como es la Secretaría General de Presidencia del Gobierno» que habría permitido «una clara y palmaria desviación» de recursos públicos «en favor exclusivamente de intereses privados» de Begoña Gómez.
En mayo de este año, la Audiencia sostuvo además que «se podría deducir» que Begoña Gómez «debía de venir aprovechándose de su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias».
Begoña Gómez se habría beneficiado por tanto del «aura de indudable influencia» derivada de ejercer sus funciones «desde ese entramado del Palacio de la Moncloa», según la terminología empleada por la Audiencia de Madrid.
La esposa del presidente utilizó recursos públicos sistemáticamente: su asesora Cristina Álvarez cobraba del erario mientras gestionaba «actividades privadas» de Gómez, quien disponía de correo electrónico oficial con dominio «presidencia.gob.es», sin ostentar cargo público alguno, y celebraba reuniones de negocios con el empresario Carlos Barrabés en dependencias oficiales de La Moncloa.
Este nepotismo presidencial no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón más amplio que caracteriza la gestión de Pedro Sánchez.
La cronología de los hechos demuestra la premeditación de dicho nepotismo presidencial.
Pedro Sánchez habló públicamente de «tener un hermano músico» en un mitin de Badajoz el 21 de mayo de 2017, meses antes de que se formalizara la contratación de David, según ha confirmado el testimonio del diputado Ricardo Cabezas.
Paralelamente, Begoña Gómez iniciaba su carrera como «captadora de fondos», que luego tuvo el apoyo institucional de La Moncloa, obteniendo una cátedra en la Universidad Complutense sin titulación universitaria superior.
El fracaso de la ofensiva judicial de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado confirma la solidez de las investigaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó «por unanimidad» la querella presidencial por prevaricación, acusando a Sánchez de «intento de tergiversar» el delito y calificando su denuncia como «ejercicio abusivo del derecho» que implicaba «mala fe».
La respuesta de Pedro Sánchez ha sido la confrontación directa con el poder judicial, alegando que «hay jueces haciendo política» y defendiendo que sus familiares «están pagando la pena del telediario por el mero hecho de ser familiares míos».
Esta estrategia de victimización no puede ocultar una realidad que los tribunales han establecido con claridad jurídica: La Moncloa se habría convertido en una estructura de poder familiar que utiliza recursos públicos para beneficio privado.
El precedente histórico es demoledor, porque nunca antes en la democracia española un presidente del Gobierno había instrumentalizado de forma tan sistemática las instituciones públicas para beneficiar a su círculo familiar y personal.
El nepotismo de Pedro Sánchez no es una anécdota, sino un patrón de comportamiento que degrada la función pública y pervierte el ejercicio del poder democrático. Los casos de David Sánchez y Begoña Gómez representan, por tanto, la privatización de facto de La Moncloa en beneficio de los intereses de la familia del presidente del Gobierno y del propio Pedro Sánchez.