EL MUNDO – 13/06/15
· El Gobierno dio ayer un paso definitivo para zanjar el proceso independentista de Artur Mas. En esta ocasión, Rajoy ha decidido no esperar al último minuto y ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que sustenta el plan soberanista. La decisión es también un aviso a Ximo Puig.
A menos de dos meses de que el presidente de la Generalitat firme el decreto de convocatoria para celebrar elecciones con sesgo plebiscitario el próximo 27 de septiembre, Rajoy ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de medidas fiscales y financieras, aprobada el pasado 11 de marzo por el Parlamento de Cataluña.
El Gobierno torpedea así la línea de flotación del plan independentista, puesto que en la ley impugnada –que será suspendida en cuanto el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso, lo cual se prevé para el lunes–, se contempla la creación de todo el entramado de «estructuras de Estado» sobre el que se sustentaría la nueva nación catalana.
El Consejo de Ministros autorizó ayer al presidente del Gobierno a recurrir concretamente los artículos 69 y 95 de la ley, así como las disposiciones adicionales 22, 23, 24, 25 y 26, y solicitar al TC la suspensión automática de la norma. El Ejecutivo ha tomado esta decisión contando con el aval del Consejo de Estado y con los oportunos informes favorables de la Abogacía del Estado.
De acuerdo con el recurso del Gobierno, se impugna la pretensión de la Generalitat de crear una administración tributaria propia que gestione todos los impuestos de los catalanes (disposición adicional 22). En función de este argumento, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría alertó a las fuerzas políticas valencianas que conformarán el futuro Gobierno de la comunidad –Compromís, PSOE y Podemos– de la inconstitucionalidad en el que incurrirán con su compromiso programático de crear una agencia tributaria propia.
Desde el PSOE –cuyo líder en Valencia, Ximo Puig, ha sido objeto de críticas por aceptar las exigencias de Compromís y Podemos– especificaron que dicho objetivo se acomodará a lo estipulado en el Estatuto Valenciano, aprobado bajo la presidencia de Francisco Camps y con el voto favorable del PP.
La disposición 23, también impugnada, pretende inventariar los bienes de la Administración General del Estado y sus activos y pasivos «bajo la premisa de que en alguna ocasión pueden entrar a la Administración pública de Cataluña». La número 24 versa sobre la regulación de las infraestructuras estratégicas –energía, agua, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos– sobre las que Cataluña carece de competencias.
La 25 prevé la creación de una agencia propia de Seguridad Social que implicaría romper el principio de caja única. Con ella, advirtió Santamaría, quedarían desprotegidos los pensionistas catalanes porque su comunidad es deficitaria.
La disposición 26, finalmente, vulnera las competencias estatales en los sectores de energía, telecomunicaciones y sistemas de información del transporte ferroviario. Por su parte los artículos recurridos se refieren al servicio meteorológico de Cataluña y a la ordenación de actividades comerciales.
En suma, los argumentos esgrimidos por el Gobierno concluyen que «es inconstitucional trabajar para establecer estructuras de Estado» porque con ello se viola el principio de soberanía nacional, las competencias estatales, la legislación básica del Estado y el derecho de la Unión Europea.
El Gobierno también recurrirá el artículo 34 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat por vulnerar la del Estado, ya que excede los límites de la masa salarial de los funcionarios y la oferta de empleo público.
EL MUNDO – 13/06/15