Editorial-El Español

La imagen de unidad escenificada por Pedro Sánchez y Carlos Mazón en su comparecencia conjunta de este jueves va camino de revelarse como un espejismo. El Gobierno ha comenzado a aventar una campaña para endosar al presidente de la Comunidad Valenciana la responsabilidad por el catastrófico saldo de pérdidas humanas que ha dejado la DANA.

La bajeza de este reproche se hace más flagrante si se compara con la elegancia que ha demostrado Mazón hacia el presidente, agradeciéndole su «cercanía» y su «respuesta tan rápida».

El principal argumento aducido es que el Ejecutivo autonómico debió haber tomado antes la decisión de emitir una alerta de emergencia por las riadas torrenciales. Y seguro que la Generalitat valenciana ha cometido errores, que procederá evaluar en su momento.

Pero ahora, con casi 160 muertos y 250 personas aún desaparecidas, la prioridad debe ser la colaboración en las tareas de localización y asistencia. Después tocará honrar a las víctimas e iniciar las labores de reconstrucción. Y, en último lugar, será el momento de debatir, con talante conciliador y buena fe, las medidas a tomar para mejorar los protocolos de prevención y evitar tragedias como esta en el futuro.

El Gobierno no tiene nada que ganar echándole la culpa de lo sucedido a Mazón.

En primer lugar, porque es discutible que cualquier otra Administración hubiera sido capaz de gestionar mucho mejor un desastre natural del que no hay precedentes y cuya magnitud superó ampliamente los pronósticos de la AEMET. La misma exigencia de comprensión que solicitó este Gobierno durante su manejo de la pandemia deben aplicarla ahora a una situación igualmente excepcional.

En segundo lugar, y estableciendo también una comparación con el caso de la gestión del Covid-19, no tiene sentido que el Gobierno alegue que el impacto de la DANA depende las políticas de preparación que se hayan adoptado en cada comunidad. ¿O acaso Sánchez no asumió el mando único de la actuación frente a la crisis sanitaria a pesar de que las competencias en esta materia están transferidas a las CCAA?

Este es de hecho el punto más flaco de la estrategia del Ejecutivo. Porque en la noche del martes pudo haber elevado el nivel 2 de alerta decretado por Mazón al nivel 3, lo que habría facultado al Ministerio del Interior para tomar la dirección en exclusiva del dispositivo de protección civil. Pero decidió no hacerlo al considerar que la Generalitat estaba procediendo adecuadamente.

E incluso habiendo descartado declarar un Estado de excepción, la legislación vigente habilita al Gobierno central a enviar una alerta de emergencia a la población. Sánchez pudo haber emulado el reciente ejemplo de Joe Biden, que se implicó personalmente en avisar a la población estadounidense de que resguardarse del huracán Milton «es literalmente cuestión de vida o muerte».

Es decir, algo análogo a lo que ha hecho este jueves, al pedir a los valencianos que «se queden en casa» porque «la DANA continúa».

Y si se trata de reprochar la tardanza en la actuación del Gobierno de la Generalitat valenciana, ¿qué se puede decir de la del Gobierno central? ¿No pudo haber reunido al comité de crisis antes de la noche del martes? ¿O haber interrumpido a mitad de la jornada el tráfico vial?

Por no hablar de que el presidente no volvió a España hasta la mañana del miércoles. Resulta irónico que el mensaje en el que Sánchez aseguraba «seguir de cerca» la información sobre los desaparecidos se escribiera desde la India.

Es legítimo sospechar que esta campaña de descargo de la responsabilidad tenga que ver justamente con la indignación del Gobierno por el hecho de que Feijóo se adelantase a Sánchez al acudir a la zona catastrófica. Y que encima lo hiciera para verse con Emiliano García-Page. ¿Es también el presidente socialista de lo ocurrido en la provincia de Albacete?

No se trata de eludir el preceptivo replanteamiento de un mecanismo de protección civil cuya agilidad es manifiestamente mejorable. Pero tampoco de iniciar una mezquina batalla por el relato con el objeto de cambiar el compás de la conversación pública en un sentido más favorable al Gobierno. Porque seguramente existirán tantos motivos para dirigir reproches al Estado central como a las Administraciones autonómicas.