EL MUNDO 20/11/13
VICTORIA PREGO
No hay remedio. La regeneración de la democracia española no se va a producir nunca porque quienes tendrían que liderar ese proceso en condiciones de normalidad no están dispuestos a hacerlo. Los grandes partidos políticos españoles han cogido la postura desde hace muchos años y no van a cambiar.
Quieren controlarlo todo y van a seguir haciéndolo porque en ello les va su propio interés, aunque suponga mantener al sistema en los niveles de baja calidad que los ciudadanos padecemos cada día.
El Partido Popular llevaba años y años clamando contra el sistema de elección del CGPJ que el Partido Socialista había modificado en 1985, en plena mayoría absoluta, para poder controlar al Consejo. Desde entonces han estado los populares diciendo que cuando llegaran al poder volveríamos al sistema que estaba previsto en la Constitución, de modo que 12 de los miembros del Consejo fueran elegidos por los propios jueces.
Gobernó Aznar y el sistema no se modificó. Pero ahora, con la victoria de Rajoy, parecía que por fin los partidos iban a quitar sus manos del órgano de gobierno del poder judicial. Eso fue anunciado a los cuatro vientos por los candidatos populares a las elecciones. Era, de hecho, una de las medidas estrella que demostraban la voluntad regeneradora del PP en cuanto accediera al poder.
Mentira. Lo sucedido en los últimos meses, y culminado ayer, ha sido una de las mayores estafas al electorado, porque es la consolidación de la intromisión y del control descarado del poder político sobre el poder judicial por parte de los partidos. Es la asunción pública y a cara descubierta de que la reforma de Felipe González es la que en realidad conviene al PP en la misma medida que al PSOE.
De ese modo, diputados, ex diputados y gentes afines a cada formación se sentarán en el Consejo y, que a nadie le quepa la menor duda, serán la correa de transmisión de lo que a sus respectivos partidos les convenga.
No se han respetado, como de costumbre, ni las mínimas normas de decoro. Y así como Zapatero acordó en su día directamente con Rajoy que Carlos Dívar sería el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, así ahora han negociado y acordado Rajoy y Rubalcaba. No es posible en estas condiciones que la opinión pública no considere que la justicia está politizada en España y que eso de la separación de poderes es una broma en nuestro país.
Al final resulta que el PP ha dado la razón a Alfonso Guerra cuando, en pleno uso de su poder absoluto, dijo aquello que tanto escandalizó entonces y que se le ha reprochado durante años: «Montesquieu ha muerto». Sí, y el PP ha venido a enterrarlo.