Montoro y el ocaso

Interesante semana esta que dejamos atrás. No porque haya sido de las más taquicárdicas, pero sí una de las que mejor refleja el estado de confusa y profunda perplejidad en la que se ha instalado el país.

Arrancamos con el rotundo cuestionamiento de las bondades reconciliadoras de la Ley de Amnistía, a cargo del abogado de la Comisión Europea. En paralelo, se conoció el acuerdo que sobre la financiación singular de Cataluña habían firmado el Gobierno-Govern y Esquerra Republicana, acuerdo que apunta a inconstitucional (“dislate, engaño”, según Josep Borrell). Y así transcurría la nueva normalidad cuando Vox y sus socios, que también los tiene y dan miedito, aprovechaban los incidentes de Torre-Pacheco para jugar a desestabilizar.

Para rematar una nueva semana negra (y van), anteayer nos desayunábamos con otras dos vistosas noticias: Bruselas le abría un expediente de infracción a España por las normas que han permitido al Gobierno frenar la OPA del BBVA al Sabadell y un juez rescataba del túnel del tiempo, como investigado -ya estaban tardando-, el fantasma de Cristóbal Montoro. Por cosas que supuestamente hizo hace siete años largos y que todo el mundo sospechaba que hacía, pero solo algún medio denunció. Montoro como oportuno flotador al que agarrarse para, con un poco de suerte, llegar con algo más de oxígeno a la orilla salvífica del mes de agosto.

Todo esto ocurría en esta España envidiable mientras los diputados del PSOE, ya refugiados en sus cuarteles de verano, reflexionan (es un decir) sobre lo que va a ser de sus vidas (y de sus votos) a partir de septiembre.

Pero vayamos por partes.

Primer asunto: Putin, Conde-Pumpido y la Ley de Amnistía

Si Vladimir Putin no ha financiado todavía a Carles Puigdemont y a su partido -al menos no directamente, que sepamos-, debería plantearse seriamente hacerlo. No es legal, pero hay fórmulas. En la activación de planes que persiguen desestabilizar las democracias occidentales, alentados por el déspota ruso, no ha habido en Europa otro activista político más eficaz que el prófugo catalán. Lo fue cuando era presidente de la Generalitat y su poder institucional era mayor. Y lo sigue siendo, a pesar de sus posteriores fracasos en las urnas, gracias a los siete diputados de Junts en el Congreso y a un presidente que hace de la necesidad virtud.

Si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desautoriza la sentencia del Tribunal Constitucional favorable a la amnistía, ¿quién va a asumir la responsabilidad del descrédito añadido?

Digo esto porque siendo cierto que el argumento no es de fácil aplicación en el terreno de la verdad judicial, sí debiera ser un factor de reflexión no solo política, sino también jurídica, por cuanto la Ley de Amnistía, además de ejemplo de eficaz implementación local de las estrategias del Kremlin, ahondando la división profunda de la sociedad española, como subrayó el abogado de la Comisión, ha servido para legitimar una operación altamente desestabilizadora en el corazón de la Europa democrática. Operación en la que estuvieron involucrados medios y actores prorrusos. Recuérdese, por ejemplo, la muy activa implicación de Julian Assange.

Por tanto, la decisión del tribunal europeo, además de clarificar si la Ley de Amnistía choca en mayor o menor medida con el derecho comunitario, debiera tener también algunas consecuencias políticas. Si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desautoriza la sentencia del Tribunal Constitucional favorable a la amnistía, ¿quién va a asumir la responsabilidad del descrédito añadido? ¿La mayoría gubernamental del TC? ¿Su presidente, ya de retirada?

Segundo asunto: si la Luna desapareciera no habría concierto catalán

Ni otras muchas cosas. Un amigo economista me dijo hace poco que de aprobarse algún día el concierto catalán el efecto que tendría en el conjunto de España sería parecido al que sufriría el planeta tierra si la luna desapareciese. Quizá el argumento está cogido con alfileres, pero se lo vamos a perdonar. Ya saben ustedes que los economistas son expertos en predecir el pasado.

A pesar de lo hiperbólico del símil lo he traído a colación porque sirve para fijar la atención sobre un asunto que, después del terrorismo de ETA, que a punto estuvo de provocar un brusco retroceso de las libertades en nuestro país, podría acabar siendo, en clave de deconstrucción del proyecto común que supuso el pacto constitucional, el problema más serio con el que nos hemos enfrentado los españoles desde la recuperación de la democracia.

La desaparición de la Luna supondría el adiós de las mareas, grandes sequías y glaciaciones, y un nuevo cambio climático con veranos que superarían los 100 grados e inviernos con temperaturas por debajo de los 80 grados bajo cero. También nos dejaría sin escudo protector contra todo tipo de meteoritos. Y obviamente, el Concierto catalán sería nuestra última preocupación.

La indefinición del texto pactado entre Illa y Junqueras es premeditada. Para no asustar demasiado antes de tiempo. Pero hay letra pequeña. La que define los pasos a dar para anular las competencias de la Agencia Tributaria en Cataluña

Pero hasta que eso ocurra, no tiene nada de fantástico considerar el plan de financiación pactado entre Salvador Illa y Oriol Junqueras como nuestro particular y más amenazante meteorito. Y no debiéramos tomarnos a la ligera un asunto que, como mantiene aquí el catedrático de Economía Aplicada José Félix Sanz, “constituye un punto de inflexión que afectará gravemente a la arquitectura fiscal del Estado, comprometiendo su capacidad redistributiva y rompiendo los principios de solidaridad y equidad que lo sustentan”.

Así piensan Sanz y otros cuantos, entre los que quiero destacar, por la influencia que su opinión aún tiene en el colectivo socialista, al exministro de Felipe González (con perdón) y expresidente del Consejo de Estado Tomás de la Quadra-Salcedo, quien en un artículo en El País descalifica punto por punto el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat-ERC. A saber: la bilateralidad descrita, que deja al margen a las Cortes Generales, “no es compatible con la Constitución”; el modelo de gestión de los tributos también es inconstitucional, al “privar al Estado de todo instrumento de conocimiento directo de las fuentes materiales de riqueza, base de toda potestad tributaria”; y asumir la ordinalidad “sería como sostener que quienes más contribuyan por IRPF debieran ser los que más prestaciones recibieran y quienes menos contribuyan menos habrían de recibir”.

De la Quadra concluye que, de permitirse, “esperemos que no”, este acuerdo supondría la “ruptura del modelo constitucional del Estado”. Pero es aquí, en ese “esperemos que no”, donde se equivoca. No podemos esperar nada. La indefinición del texto es premeditada. Para no asustar demasiado antes de tiempo. Pero hay letra pequeña. La que define los pasos a dar para anular las competencias de la Agencia Tributaria en Cataluña.

Como ha apuntado el exsenador socialista Alfonso Garrido, “nos enfrentamos a un cambio radical del modelo de Estado descentralizado para pasar a uno confederal asimétrico donde tres de los cuatro territorios más ricos se quedan con su dinero (superior al promedio), se les paga el déficit en pensiones (cada vez más alto) y el resto de los territorios se tendrá que buscar la vida para subsistir con servicios públicos de peor calidad. Es un atentado a la equidad”. No hay más preguntas señoría.

Tercer asunto: ¿piensan ustedes, diputados del PSOE, hacer algo al respecto?

Por Castilla-La Mancha: Sergio Gutiérrez Prieto, Jesús Mayoral Pérez, Isabel Iniesta Egido, Emilio Sáez Cruz, Cristina López Zamora, Gonzalo Redondo Cárdenas, Alberto Rojo Blas y Luis Carlos Sahuquillo García.

Por Asturias: Roberto García Moris, Mercedes Otero García.

¿Van a hacer ustedes algo para evitar que en las próximas elecciones autonómicas y municipales, y debido a un pacto que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, sus compañeros de partido sean zarandeados en las urnas y pierdan el poder en las comunidades que gobiernan y en un buen número de ayuntamientos? ¿Van a permitir que tal cosa ocurra a cambio de que su líder máximo permanezca unos meses más en La Moncloa?

(Preguntas válidas para los diputados socialistas de otras circunscripciones).

Cuarto asunto: Vox, de nuevo al rescate

Pregunta de un lector (muy cualificado): “¿Y qué me dices de la operación rescate de Abascal a su socio Sánchez? En el peor momento de los últimos siete años montan un cristo en un lugar ignoto y van todos los medios en directo montando un circo de tres pistas”.

Viernes 11 de julio. Encuesta del CIS. El objetivo parece evidente: recuperar el miedo a Vox, partido al que le da un subidón de 5,7 puntos. “Abascal se come a Feijóo”, podía haber sido el titular si lo hubiera elegido José Félix Tezanos.

Sábado 12 de julio. Parecía un automatismo programado. Saltan las alarmas en Torre-Pacheco, y aquello se inunda de televisiones, de periodistas “amigos” que denuncian el racismo rampante y le dan voz y desacostumbrado espacio a los de Abascal, y de activistas disfrazados de periodistas que presentan lo ocurrido como un The Walking Dead magrebí. Si alguien lo hubiera encargado no habría salido tan bien. ¿Por qué se tardó tanto en enviar a la Guardia Civil?, se preguntaba el personal.

El lector: “Casi, casi parece falsa bandera”.

¡Vaya semanita!