FLORENCIO DOMÍNGUEZ, EL CORREO 23/04/13
· La política penitenciaria no puede dar más ventajas a aquellos que no se han arrepentido que a quienes se atrevieron a romper con ETA.
En enero de 1997, el Cuerpo Nacional de Policía desarticuló en Gipuzkoa un comando de información de ETA denominado ‘Txomin Iturbe’. Los cuatro miembros de esta célula fueron condenados, en mayo de 1999, a sendas penas de diez años de cárcel por integración en organización terrorista.
Pocos meses después del arresto, y antes del juicio, dos de los miembros del grupo rompieron con ETA y se significaron públicamente contra el terrorismo. Cuando la banda capturó a Miguel Ángel Blanco –al que posteriormente asesinó–, uno de ellos hizo una declaración desde la cárcel condenando la acción del grupo terrorista. Los dos arrepentidos aceptaron la pena impuesta por la Audiencia y no la recurrieron. Obtuvieron el tercer grado y estuvieron el resto de su condena acudiendo a dormir a prisión todas las noches.
Los dos etarras que no se arrepintieron recurrieron y el Supremo les rebajó la pena a siete años, de forma que terminaron de cumplir condena antes que los arrepentidos. «Un chollo. Es como para arrepentirse de haberse arrepentido», escribió con sorna el abogado de los primeros.
La moraleja de este caso debe estar presente en los responsables políticos a la vista de la situación de los presos disidentes que se acogieron a la denominada ‘vía Nanclares’ y de que Bildu pretende llevar a la ponencia de paz la exigencia de medidas a favor de los reclusos etarras, pero no precisamente de los arrepentidos. La potencialidad de la ‘vía Nanclares’ quedó agotada mucho antes de la llegada del PP al Gobierno. Una frase de un recluso alineado con las posiciones de la oficialidad etarra resume gráficamente porqué no fue a más la disidencia: «Cuando toque, igual salimos antes que los de Nanclares». Tal vez tenía en la memoria el recuerdo del «chollo» de los arrepentidos del ‘Txomin Iturbe’.
Los reclusos que se acogieron a la ‘vía Nanclares’ se han quedado, en gran medida, sin paraguas político. Los socialistas que impulsaron esa vía de disidencia están fuera de los gobiernos de Madrid y Vitoria y el PP que le ha sucedido en el Ejecutivo central no muestra el mismo entusiasmo. Aralar también la apoyó, pero su respaldo estuvo basado más en la implicación personal de Aintzane Ezenarro, implicación que mantiene, que en la de su partido, que ahora está en tesis muy distintas a la de la legislatura pasada.
Cualquier modificación de la política penitenciaria que se quiera estudiar tiene que partir del principio de que no pueden tener más ventajas aquellos que no se han arrepentido que aquellos que se atrevieron a romper con ETA. Y que ni siquiera se puede conceder las mismas ventajas a un grupo que a otro. Va en ello la credibilidad de las propias instituciones.
FLORENCIO DOMÍNGUEZ, EL CORREO 23/04/13