Moratoria autonómica

Hoy se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que, tras las elecciones del 22-M, presenta una gran mayoría conservadora: de las quince comunidades de régimen general presentes, solo Cataluña, Andalucía y Canarias no poseen gobiernos populares. Y la reunión, planteada para fijar un techo de gasto autonómico y resolver los actuales problemas de financiación, se presenta ardua porque la grave escasez de recursos de todas las comunidades autónomas tropieza con los compromisos contraídos por el Gobierno con la UE en materia de contención del déficit público. El propio Rajoy se ocupó ayer de exponer su posición al respecto: tras una reunión con sus barones, se hizo público un comunicado en el que se pide al Gobierno una moratoria de diez años en la deuda contraída por las comunidades con Hacienda por los anticipos a cuenta. Igualmente, se propone un procedimiento de pago a cuenta de los fondos adicionales del modelo de financiación, incluidos los fondos de convergencia, para todos los años. Es decir, «se entregará a cuenta un alto porcentaje de la cuantía prevista en el año en curso y se liquida después», indica el documento, que considera que «no tiene sentido que el 100% del fondo se perciba dos años más tarde en la liquidación». El secretario de Estado de Hacienda, por su parte, ha asegurado que el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas sobre la devolución de los adelantos a cuenta ya es «generoso», y ha dicho que «no hay razón» para volver a aplazarlos, como quiere el PP. La realidad es que las administraciones autonómicas han experimentado una brutal caída de la recaudación con la crisis y con el estallido de la burbuja inmobiliaria, sin que sea realista imaginar que este efecto será pasajero. Se echa, pues, en falta en este debate una discusión cabal sobre la presión fiscal, de la que dependerá a fin de cuentas la disponibilidad de recursos. En definitiva, es improbable que los dos grandes partidos puedan obviar la ideología en las elecciones que se avecinan.