Él era el intermediario entre el Ministerio de Transportes que dirigió José Luis Ábalos y la compañía corruptora, representada por sus directivos o el empresario vasco Antxon Alonso a través de Servinabar. Firma en la que Alonso figura como propietario formal, aunque el 45% era de Santos Cerdán. Los resultados de la investigación vuelven a interpelar al presidente por haber confiado en dos presuntos corruptos que venían maquinando sus tejemanejes tiempo atrás y los aplicaron de forma sistemática. No deja de causar estupor que Cerdán, que sustituyó a Ábalos en la organización del partido, estableciera su primer contacto con Acciona solo dos días después de que Sánchez asumiera el liderazgo del PSOE y que todavía siguiera usando la tarjeta de Servinabar horas antes de su arresto. Sorprende no solo que utilizara las palancas del poder para lucrarse, sino que lo hiciera con impunidad en un piso ‘franco’ donde se reunía con directivos de la constructora, a apenas veinte minutos a pie de Ferraz y del Congreso.

Las presuntas actividades delictivas de Cerdán y Ábalos al abrigo de las funciones orgánicas y políticas que les encomendó Sánchez amenazan con agotar el crédito del presidente y embarrar todo lo que gestionaron. El informe de la UCO señala al PNV por supuestamente haber pedido mantener a un cargo clave en los negocios de la trama, negado por un Aitor Esteban puesto en un aprieto en apenas seis meses de mandato al frente del EBB. Y coloca en una situación límite a la dirección de Acciona, principal fuente de la corrupta Servinabar -6,7 millones en diez años, el 75% de sus ingresos-. El rosario de chanchullos se completó ayer con la petición fiscal por el ‘caso mascarillas’, más mordidas sin escrúpulos en plena pandemia: 24 años de prisión para Ábalos, 19 para su exasesor Koldo García y 7 para Víctor de Aldama, atenuados por su colaboración con la Justicia.

El paisaje es tan demoledor que exige una reflexión en profundidad a la que Sánchez, lamentablemente, se resiste con una insuficiente «tolerancia cero» contra las corruptelas de quienes fueron su círculo de confianza. Tampoco servirá de mucho que Alberto Núñez Feijóo denuncie que las cloacas se han infiltrado en La Moncloa, cuando el PP es incapaz de sanear sus alcantarillas. Esta vez, rebosadas en la Diputación de Almería al hacer negocio con la apremiante necesidad de mascarillas contra el covid, en un escándalo que complica las elecciones andaluzas a Moreno Bonilla. Cuando se cumplen cincuenta años de la muerte de Franco y del inicio de un nuevo país, alumbrado por la recuperación de las libertades, la regeneración democrática que se abría paso en España tras una etapa de insoportable oscuridad tropieza de forma reiterada con la corrupción. Atajarla no es solo una obligación de la democracia. Es una necesidad del sistema para consolidar la transparencia en la gestión pública y evitar el desencanto en la política, germen de populismos y posiciones reaccionarias.