Ayer jueves la Policía Nacional desalojó «voluntariamente» la playa del Trampolín, donde se hacinaban miles de ilegales.
Por la tarde, sólo unas pocas horas después, centenares de asaltantes habían vuelto a ella.
El Gobierno de Pedro Sánchez celebra haber habilitado 1.800 plazas en tiendas de campaña y aparcamientos de Ceuta. La realidad es menos conveniente al relato del Gobierno: el Ejecutivo ha institucionalizado el ‘chabolismo de Estado’ en una ciudad española.
Lo que está haciendo el Ejecutivo en Ceuta no es solucionar una crisis. Es transformarla en un problema estructural.
El Gobierno ha pasado, en apenas tres semanas, de la retórica de la firmeza a la política de la contención humanitaria permanente, amparándose en un filibusterismo legalista que, en la práctica, impide que se cumpla el objetivo final de la ley: que todos los inmigrantes, y especialmente los menores, vuelvan a su país lo antes posible.
Primero, el Gobierno prometió devolver «hasta la última persona». Luego instaló lonas militares. Después anunció que ese campamento de refugiados podría alcanzar las 4.000 plazas. Pero ha permitido que un grupo de magrebíes rechace abiertamente los campamentos y regrese a la playa con mantas bajo el brazo.
No hay plan de retorno real. Lo que hay es sólo un plan de asentamientos barraquistas gestionados por el Estado y del que, en la práctica, se escapa quien quiere cuando quiere.
El Gobierno llama a estas instalaciones «recursos temporales de acogida». La fotografía es otra: tiendas de campaña en explanadas, aparcamientos convertidos en dormitorios, separación por origen para evitar peleas y un ritmo de expedientes de devolución que el propio presidente de Ceuta cifra en veinticinco o treinta al día.
A este paso, la «temporalidad» se medirá en años.
Lo que nació como una medida de emergencia se está convirtiendo en la nueva normalidad de la ciudad. Es tercermundismo institucional: el Estado ya no combate los asentamientos irregulares: los organiza, los separa por nacionalidades y los presenta como un logro de gestión.
Esto va a tener consecuencias. Ceuta, con algo más de 83.000 habitantes, está siendo transformada en un espacio de tránsito y permanencia forzada. Los servicios públicos sufren una presión que no pueden absorber. La convivencia se degrada hasta extremos más propios de un suburbio del Tercer Mundo que de una ciudad europea del siglo XXI.
Pero lo más grave es el mensaje que se envía más allá de la frontera: llegar a Ceuta merece la pena. Mientras se construyen campamentos y se habla de trasladar a quinientas niñas a la Península, el efecto llamada no se desactiva. Se refuerza. El incentivo para asaltar Ceuta se ha multiplicado en varios órdenes de magnitud desde la invasión de la ciudad los pasados 30 y 31 de julio. El objetivo del Gobierno debería haber sido desincentivarlo por completo.
El Gobierno se escuda en la legalidad. Invoca la sentencia del Tribunal Supremo, el interés superior del menor y «toda la normativa europea e internacional». Es una coartada cómoda.
La ley no obliga a convertir una ciudad española en un campo de refugiados a cielo abierto.
Obliga a tramitar procedimientos individuales, sí.
Pero no impide aplicar con diligencia el acuerdo de readmisión con Marruecos, ni acelerar las devoluciones de quienes no tienen derecho a permanecer, ni recuperar el control efectivo del espacio público. Lo que falta no es marco jurídico. Falta voluntad política.
La comparación con 2021 resulta incómoda para el Ejecutivo. Entonces también hubo una entrada masiva y también se devolvieron miles de personas, incluidos menores, con mayor contundencia.
Ahora se ha optado por la vía de la contención humanitaria dentro de la propia ciudad. Se ha preferido la imagen de la «acogida digna» (en realidad, el amontonamiento de inmigrantes ilegales en campamentos improvisados) a la molestia de imponer retornos.
El resultado es previsible: los campamentos «temporales» de hoy serán las favelas de mañana.
Un Gobierno que se limita a gestionar la llegada irregular, en lugar de impedirla y revertirla, renuncia de facto a ejercer la soberanía. Ceuta no puede convertirse en zona de aparcamiento de la presión migratoria. La ciudad no es un laboratorio de políticas de acogida. Es territorio español. Convertirla en un campo de refugiados permanentes no es humanitarismo. Es abandono, dejadez e incompetencia.
La oposición ha criticado con dureza esta deriva. Tiene razón. Mientras el Gobierno se felicita por haber «habilitado» plazas y por haber sacado temporalmente a la gente de la playa, la ciudad se desliza hacia un modelo de asentamiento crónico.
La limpieza de la playa se suspendió la misma tarde del jueves porque los inmigrantes regresaron. El símbolo no puede ser más elocuente: el Estado no es capaz de controlar ni siquiera el espacio que acaba de desalojar, y debe resignarse, humillado, a su degradación total.
Ceuta necesita una política de frontera, no una política de campamentos. Necesita retornos efectivos, no explanadas con tiendas. Necesita que el Gobierno deje de administrar la crisis y empiece a solucionarla.
Mientras se limite a construir chabolas oficiales y a trasladar a la gente de un lado a otro de la ciudad, la situación no mejorará. Solo se enquistará. Ceuta está muriendo a ojos vista, y al Gobierno sólo se le ocurre construir campamentos barraquistas.