Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
No me aclaro. Esta crisis se origina por culpa de una tremenda caída de la demanda causada por las limitaciones de todo tipo que provoca el confinamiento. Y es igualmente evidente que la falta de actividad ha provocado un derrumbe del empleo. Ayer mismo le comentaba el hecho terrible de que a finales de junio quedaban aún dentro de los ERTE nada menos que un millón ochocientas treinta mil personas cuyo destino final -el paro o la vuelta a su anterior puesto de trabajo- no está aún definido. Es decir, necesitamos empleos y para eso tienen que suceder dos cosas. La primera es que vuelva la actividad, algo que tiene que ver con la evolución de los rebrotes que no cesan y, también, con el impacto mental que nos ha causado la pandemia y que cobra forma en un retraimiento grave de nuestros hábitos de consumo anteriores a la aparición del Covid-19. La segunda es que se cree empleo nuevo en cantidad suficiente para recuperar los perdidos en esta crisis, que serán muchos, y para mejorar los datos que teníamos cuando entramos en ella y que no eran buenos.
Si es así y creo que es difícil sostener lo contrario, vuelve a ser evidente que necesitamos empresarios que contraten y que inviertan. Si continúa de acuerdo con el razonamiento, estoy seguro que lo volverá a estar cundo le diga que contratar empleados e invertir en empresas son decisiones que conllevan riesgo. Un riesgo que ha crecido por la propia crisis. Y llegamos al final. Todo esto, que es una tarea compleja, necesita un entorno de seguridad jurídica y de estabilidad económica. ¿Lo tenemos? No, lo siento pero no.
¿Qué pasa con la reforma de la reforma laboral? Ni idea, nadie sabe si se va demoler en su totalidad o solo en sus aspectos más lesivos, que nadie se atreve a precisar cuaáles son. ¿Qué pasa con la reforma fiscal? Pues que tampoco sabemos su futuro. Un día parece que se va a modificar todo el entramado de sociedades, ahorro, rentas e, incluso, consumo; y otro nos dicen que solo se aplicarán las tasas Google y Tobin. Un día se va a imponer un nuevo impuesto a la riqueza, a las sucesiones y a las donaciones, y otro nos dicen que no es momento de meter más presión a la caldera fiscal.
El mensaje oficial se resume en hablar de «justicia fiscal» y de que paguen más quienes más tienen. Esto lo llevamos aplicando desde hace muchas décadas y lo primero, nadie nos ha hecho la caridad de definirlo con algo de precisión. ¿Es injusto que el Estado se lleve solo el 43% de los ingresos de una persona como sucede en Madrid? ¿Es justo que se lleve hasta el 65% como ocurre en Euskadi? Vaya preguntas me hago. Parece que hoy estoy un poco capcioso…