En el largo rosario de los discursos económicos agoreros, le tocó el turno ayer al Colegio de Economistas, no vaya a creer usted que soy el único cenizo del gallinero. Rebajó el crecimiento del PIB en el año a un 3,9%, una cifra que se sitúa muy lejos del optimismo oficial del Gobierno, pero que podría resultar aceptable a la vista del 0,3% que conseguimos en el primer trimestre. También cargó contra el sobredimensionamiento del sector público. Recordará que se acaba de anunciar la mayor oferta de empleo de la historia, con casi 45.000 puestos a cubrir. Una parte de los seleccionados irán a sustituir a los funcionarios que se jubilen, que no serán pocos dada la pirámide de edad de la función publica, tan lamentable como la de la población en su conjunto. Pero otra, y no pequeña, engrosará la ya de por sí abultada nómina de empleos públicos.
La pandemia obligó a los servicios de la Administración a realizar esfuerzos extras que exigían más personal para cubrir las nuevas necesidades. Eso nadie lo niega y todos lo hemos exigido cuando la enfermedad nos angustiaba. Pero la duda que surge ahora es si esas necesidades siguen vigentes y, en consecuencia, los empleados públicos que se incorporaron por razones extraordinarias y coyunturales, se van a convertir en nuevos funcionarios. A la vista de esta oferta de empleo parece claro que el Gobierno está dispuesto a echar una mano poderosa en la reducción del paro, por la vía de ampliar los puestos de trabajo de la Administración. Recuerde que dos terceras partes de la recuperación del empleo que hemos obtenido en los últimos meses se ha logrado gracias al aumento de los públicos.
Para mí siempre ha sido un misterio cómo es posible que, mientras todos los sectores privados ligados a tareas administrativas, como la banca, los seguros, etc., han podido reducir plantillas gracias al soporte de la informática y de las telecomunicaciones, el sector público, que ha tenido la misma oportunidad, no cese de aumentar sus plantillas. Año tras año, razón tras razón y excusa tras excusa.
Valentí Pich, presidente del Colegio, dijo algo tan estrambótico como que las administraciones públicas deberían ser responsables y estar a la altura de los ajustes que demanda la coyuntura actual. Vamos, hombre, hasta ahí podíamos llegar. Estoy seguro de que esta original posición se debe a que el señor Pich analiza la coyuntura, mientras que los dirigentes públicos solo escuchan a los votantes. Eso es muy bueno. Seguro. Lo malo es que, luego, en vez de darles lo que nos conviene a todos, les dan a todos lo que piden….