Muface está en el alero debido a la fuerte presión de los partidos de izquierda que propician su desaparición para dar un paso de gigante en la estatalización del sector sanitario. Su argumento principal no se refiere al funcionamiento de esta mutualidad de funcionarios del Estado, sino a la idea de que éstos gozan de una posición privilegiada pagada por todos los ciudadanos. Una idea radicalmente falsa que no se sostiene en cuanto se echa mano de las cuentas de la entidad.

Veamos, el presupuesto de Muface -1.938 millones de euros en el último año- se cubre en un 94,3 por ciento con las cotizaciones de los afiliados y sus empleadores -se trata, pues, de salarios diferidos temporalmente-, un 2,2 por ciento con remanentes de tesorería y otras partidas menores, y un 3,5 por ciento con una subvención del Estado. O sea que de aquella cifra, sólo 68 millones proceden de la recaudación fiscal a la que todos estamos sometidos. Dicho de otra manera, son los propios trabajadores estatales los que se pagan su sanidad -lo que es independiente de quién sea el prestador del servicio, bien la sanidad privada, bien la sanidad pública, pues ambas se lo cobran a la mutualidad- y sus servicios sociales. Sanidad y servicios sociales cuya financiación, en el caso de los ciudadanos que no son funcionarios, se cubre con el rendimiento de los impuestos estatales. Puntualicemos que los servidores del Estado no están exentos de ninguna fiscalidad, y que, por tanto, a ellos la sanidad y los servicios sociales se los cobran por partida doble: a través de las cotizaciones y a través de los impuestos. Pero, paradójicamente, sólo se benefician de la primera y la segunda, la ceden obligadamente.

Pero ocurre que, además, el nivel de eficiencia del sistema mutual es superior al público, tanto por lo que concierne a la atención médica, como especialmente en lo que alude al gasto farmacéutico. Éste, en el último año, fue entre los funcionarios un 55 por ciento inferior al de los beneficiarios de la sanidad pública -227 frente a 500 euros por persona-. Así que, si todo esto es un privilegio, que venga Dios o la Intervención General del Estado y lo vea.