No podía esquivar el control del Congreso durante tanto tiempo. Demasiado descarado. El contrapeso parlamentario, en un estado de alarma, no solo debería consistir en un informe del Gobierno cada quince días sino en someter a consideración en el Parlamento si tan excepcional medida debe continuar o no. Artículo 116 de la Constitución. Pero Pedro Sánchez había forzado tanto la escena al decidir que vamos a estar confinados de una u otra forma hasta mayo, y sin que sus señorías pudieran adoptar otro papel que el de meros oyentes de esta función, que ha tenido que rectificar. Al menos en el plazo para rendir cuentas en el Parlamento. Cuando anunció el pasado domingo que sería el ministro Illa, y no él, quien se iba a tragar el ‘sapo’ de someterse al contrapeso del Parlamento, muy pocos se lo tomaron al pie de la letra. Pero Sánchez iba en serio. El mismo que había dicho que era «muy sano» someterse al control de las Cámaras ahora pensaba hacer mutis por el foro. ¿Soberbia? ¿Cobardía? ¿Desprecio institucional? El caso es que ayer, en un clima de regate con la oposición y buena parte de sus socios que habían puesto el grito en el cielo («abusivo», «excesivo»,clamaba ERC), Sánchez decidió bajar del pedestal de los monólogos de televisión para acceder a someterse a control, al menos, dentro de dos meses. Que no se diga. Pero el estado de alarma seguirá su curso. Con dudas fundadas sobre el grado de inconstitucionalidad del toque de queda. Y, si no se produce un conjunción astral, nos quedaremos sin Navidad.

El principio de proporcionalidad tiene que regir cuando se adoptan medidas que limitan los derechos fundamentales. Pero Sánchez está actuando de forma desproporcionada. En ocho meses hemos pasado del todo a la nada y de la nada al todo. Sin estados intermedios. Sin las reformas jurídicas prometidas.

Hoy se aprobará el estado de alarma. Por seis meses. Pero sin la presencia de Pedro Sánchez en la votación. Suena estrambótico. Pero es la realidad. Salvo que a última hora se lo piense y corrija su descortesía parlamentaria. La oposición está pillada entre el programa de máximos del presidente. Lo único que han conseguido es que Sánchez rinda cuentas dentro de dos meses. Ni los 15 días que proponía el PP. A Felipe González le parece un disparate que el Ejecutivo descargue toda la responsabilidad de restricción de derechos fundamentales en las comunidades autónomas. Pero qué más da. ¿Quién le escucha dentro del actual PSOE?

Las medidas más duras las estamos padeciendo en Euskadi. Con la decisión del lehendakari Urkullu de impedir la comunicación entre municipios. En una comunidad cuya interrelación económica y comercial entre los territorios es la base de su funcionamiento, ¿por qué no confina por zonas sanitarias y libera a las que no están en riesgo extremo? Parece lógico pero habría que trabajar más. El lehendakari tampoco rendirá cuentas en el Parlamento vasco. En su caso, no está obligado. Pero podría tener la deferencia. Parlamentarios informados que nada deciden. Así está el Estado de la nación.