FLORENCIO DOMÍNGUEZ, EL CORREO 22/09/13
· Ostia, se ha ido la luz». Este era el título de un texto de ETA intervenido por la policía francesa en el año 2003. Era un documento en el que se hacían diferentes consideraciones sobre las redes eléctricas en España con vistas a realizar atentados que interrumpieran el suministro. «Si nos centramos en Madrid y Barcelona podemos parar al menos durante 24 horas una parte importante de la producción industrial», señala el papel, antes de precisar que el objetivo del ataque no era «dejar a miles de españoles sin luz», sino dejar sin energía a zonas industriales, lo que, según la banda, «traería consigo un daño económico directo y una pérdida de prestigio cara a los inversores».
Provocar daños económicos inasumibles «al enemigo» ha sido una de las líneas estratégicas de ETA fundamentales en su última época como reflejan los datos de su actividad terrorista. Entre 2000 y 2009, última década con atentados en España, las acciones terroristas dirigidas contra intereses económicos representaron el 43% del total de los ataques de la banda.
Los miembros de ETA emplearon mucho tiempo en teorizar sobre la importancia de atacar objetivos económicos para provocar costes que España no pudiera afrontar y cediera ante sus pretensiones. Los documentos del debate de 2007-2008, tras la ruptura de la tregua, plantean atentar contra los «pilares principales de la economía española», desde el turismo, a las inversiones extranjeras, pasando por las infraestructuras, oleoductos, redes de fibra óptica, tendidos eléctricos, etc. Uno de esos papeles abogaba por «derrumbar puentes, destruir autopistas». «De esta forma, las acciones tendrían mayor repercusión. Tanto en el número de perjudicados (en vez de una empresa concreta, se afecta a miles de ellas) como en el tiempo, la reconstrucción de carreteras y puentes no es trabajo de unos pocos días, podríamos hablar desde unos meses a un par de años», añadía. Eran las cuentas de la lechera de una organización que pretendía abarcar mucho, pero su capacidad real de apretar a esas alturas era escasa.
Los etarras decidieron entonces «mantener todos los frentes abiertos». Entre las razones alegadas estaba «el gasto económico que supone [al Estado] proteger todos esos frentes».
Los cálculos del coste económico estaban en la mente de los etarras incluso cuando atacaban a los cargos públicos del PP o del PSE y a los militantes constitucionalistas. Los mataban para provocar la rendición de los dos grandes partidos nacionales, para forzarles a cambiar su política en el País Vasco y a aceptar las exigencias de los terroristas. Pero también los acosaban pensando en que el Estado, tarde o temprano, sería incapaz de seguir pagando la protección de los que estaban en el punto de mira: «Supongamos que las personas amenazadas en el Estado español son unas 5.000 (a pesar de que los medios de comunicación mencionen unas 7.000-8.000). Si únicamente sumamos a cuatro personas próximas a los objetivos, supondrían medidas de protección y una inversión económica para 20.000 personas», afirmaba ETA en uno de los textos manejados en el debate posterior a la tregua de 2006.
El coste de la protección, al igual que el de la lucha antiterrorista en general, ha sido alto. Algún día habrá que hacer todos los números para saber lo que ha costado ETA. Pero las cuentas de la banda terrorista fueron equivocadas porque las instituciones democráticas pusieron por encima la voluntad de derrotar al terrorismo antes que los cálculos sobre el precio económico que había que pagar para conseguirlo. Ni cedió el Estado ni cedieron los colectivos amenazados.
Los mecanismos de protección a las personas puestas en el punto de mira de los terroristas fueron eficaces no sólo para dar seguridad a los amenazados, sino para neutralizar a ETA. Otro documento del debate de 2007-2008 admite que la protección había provocado «que se reduzca la operatividad de la Organización».
El que fuera uno de los dirigentes más destacados de ETA Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, lo reconocía también sin tapujos en un escrito enviado a sus compañeros en el que admitía que con las medidas de protección el Estado había logrado «neutralizar nuestra capacidad y nuestra efectividad, y condicionar la situación política». «Los escoltas, las contravigilancias y los inhibidores nos han reducido las opciones de realizar este tipo de acciones», señalaba en referencia a los atentados contra personas.
La conclusión evidente de esta parte de la historia de la lucha contra el terrorismo es que la protección fue cara, pero fue rentable.
FLORENCIO DOMÍNGUEZ, EL CORREO 22/09/13