Si, en palabras de Josu Jon Imaz, «nacionalistas, no nacionalistas, autonomistas, independentistas y centralistas» han de participar sin trabas ni coacciones en la vida pública vasca, ¿qué sentido tiene un plan que hará imposible tan loable propósito?
La política no se caracteriza precisamente por ser el reino de la claridad y de la consistencia lógica. Las contradicciones, las ambigüedades, los equívocos o las verdades a medias, aparecen con frecuencia en el discurso de los gobernantes o de los aspirantes a serlo, hasta el punto de que la habilidad en el manejo de la falacia se considera por algunos una virtud encomiable en el cazador de votos. Es célebre al respecto la anécdota protagonizada por el llorado Pío Cabanillas que, tras preguntar después de una exposición argumentada si se le había entendido y obtener una respuesta afirmativa, sentenció: «Estoy en baja forma».
Sin embargo, referencias humorísticas aparte, hay ocasiones en que la confusión de conceptos alcanza niveles alarmantes, sobre todo cuando está en juego la paz civil. En los mensajes de la nueva generación de nacionalistas que están llegando al poder en el País Vasco y Cataluña y, concretamente, en las intervenciones y declaraciones públicas de dirigentes como Josep Lluis Carod-Rovira o Josu Jon Imaz han aparecido recientemente un elemento nuevo y hasta hoy extraño a lo que ha venido siendo la doctrina clásica de los particularismos identitarios. Me refiero a la invocación a la «nación cívica» en la que todos los ciudadanos, con independencia de su etnia, ideología, procedencia o rasgos culturales, gozan de los mismos derechos sin ningún tipo de discriminación. Esta aceptación de la supremacía de valores universales como la libertad, la igualdad o la solidaridad sobre contingencias espacio-temporales como la raza o la lengua, es uno de los ejes vertebradores del pensamiento liberal de raíz ilustrada y escucharlo en determinadas bocas produce, como mínimo, desconcierto. Porque, en efecto, si la identidad étnica, lingüística, religiosa o cultural representa un factor secundario frente a otros vínculos de cohesión social y política de mayor envergadura ética, ¿cuál es el objeto de los proyectos secesionistas que partidos como el PNV o Esquerra Republicana preconizan sin descanso?
La democracia, el respeto a la dignidad intrínseca de las personas, el pluralismo, el imperio de la ley y todos aquellos componentes esenciales de la sociedad abierta que, según proclaman ahora fervientemente las cúpulas de los nacionalismos vasco y catalán, han de ser el referente principal de sus propuestas, ya forman el nervio central de nuestro sistema político organizado de acuerdo con la Constitución de 1978. Si, en palabras de Imaz, «nacionalistas, no nacionalistas, autonomistas, independentistas y centralistas» han de participar sin trabas ni coacciones en la vida pública vasca, ¿qué sentido tiene un plan que hará imposible tan loable propósito? En los estados plenamente democráticos, las reclamaciones de autodeterminación con fines fragmentadores son incompatibles con esa «nación cívica» que supuestamente persiguen.
Aleix Vidal-Quadras, LA RAZON, 21/1/2004