ABC 07/02/17
EDITORIAL
· Hay algo peor que ser ignorante: aparentarlo a propósito. Si Mas no sabía que toda suspensión cautelar debe ser respetada, queda explicado por qué ha conducido a Cataluña a la ilegalidad
EL acoso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante la declaración del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, es la foto fija de la quiebra en la que se encuentra el respeto a la democracia constitucional en esa comunidad autónoma. Anegada por casos de corrupción de partidos y personas que han sido y son santo y seña del nacionalismo, la sociedad que se moviliza en la calle guarda silencio frente a los corruptos y apoya sin rubor a tres acusados de prevaricar y desobedecer al Tribunal Constitucional. Hay un fallo estructural en el sentido de la ética política y del valor de la legalidad que condiciona la percepción por los catalanes nacionalistas de lo que es y no es correcto. Y cuando una sociedad no sabe distinguir una cosa de otra, el diagnóstico es muy grave, porque el siguiente paso es el totalitarismo. Artur Mas y sus compañeras de banquillo alegaron que no fueron advertidos por el TC de las consecuencias de ignorar su decisión de suspender el 9-N. Hay algo peor que ser ignorante: aparentarlo a propósito. Si Mas no sabía que toda suspensión cautelar debe ser respetada, se explica por qué ha conducido a Cataluña a esta situación de ilegalidad en la que se mueven la Generalitat, el Parlamento y los partidos nacionalistas. Mantener el 9-N fue un acto de desobediencia y, además, una prevaricación. Por algo Rodríguez Zapatero derogó, en cuanto llegó a La Moncloa, el delito de convocatoria ilegal de referéndum, como aportación al Pacto del Tinell. Ahora se ve el error de no haber recuperado ese delito en cuanto el Partido Popular logró la mayoría absoluta en 2011. También roza el cinismo que Mas se preguntara por qué el TC y la Fiscalía no impidieron el 9-N. Los delitos de prevaricación y de desobediencia, para entonces, ya estaban cometidos, así que la concreta celebración del falso referendo no sumó nada a la ilicitud penal de las conductas que se imputan a Mas.
Hay otro problema político, que es la falta de pudor con la que el nacionalismo ha sumado voces a su protesta callejera ante la sede judicial. PNV, UGT y CC.OO., Bildu, Ada Colau y otros representantes de la coalición anticonstitucional o abducidos por ella jalearon no sólo a tres acusados por delitos especialmente graves, sino también lo que representan de ruptura constitucional. El Estado tiene que ser mucho más explícito y efectivo en sus reacciones, empezando por una reforma penal que castigue como delito contra la independencia judicial manifestaciones ante tribunales mientras ejercen su función. Ayer se echaron de menos declaraciones –salvo la honrosa del ministro de Justicia– de apoyo a los tres magistrados del tribunal. O se toma en serio el nivel que ha adquirido la ofensiva secesionista, o irá a más la insolencia del separatismo.