Con la Constitución europea, la Unión pasa de ser una organización de Estados a serlo de ciudadanos y Estados. En el debate sobre si el sujeto eran los pueblos o los ciudadanos ganó esta segunda versión: la persona como centro de la legitimidad política frente al pueblo como pretendido sujeto natural y eterno.
La aprobación de la Constitución europea en el referéndum del próximo 20 de febrero es la primera tarea política fundamental en la vida política española. En ella, socialistas, populares y nacionalistas vascos estamos de acuerdo en hacer campaña a favor del sí, mientras que en el examen del plan Ibarretxe el desacuerdo es claro. Dado que la Constitución europea parte de una concepción ciudadana de la democracia que se añade a una Unión entre Estados, es innegable que su aprobación incidirá en el debate en el segundo caso.
La coincidencia es sorprendente en un momento tan delicado, y es de esperar esperanzador, en la escena vasca y española, pero sobre todo porque es la primera vez que el PNV se pronuncia a favor de una Constitución, lo que tiene más mérito al no haber participado en su elaboración en este caso. En sus 109 años de vida, no aprobó ninguna de las dos Constituciones democráticas españolas (la de 1931 y la de 1978), a pesar de haber participado activamente en su gestación y basar en las mismas su proceso de autogobierno. En el fondo, un partido cuyo lema es «Jaungoikoa eta lege zarra» («Dios y las leyes viejas») no tenía por qué simpatizar en principio con los planteamientos constitucionales que precisamente suponían el final del Antiguo Régimen. Por ello, llama la atención el fervor con el que ha emprendido la senda constitucional, en donde, sin duda, ha jugado un papel importante el liderazgo de su actual presidente, Josu Jon Imaz, con el que compartí escaño y la tarea de defender en el Parlamento Europeo la dignidad del pueblo vasco y el valor de su experiencia autonómica frente a una comprensible reacción de repliegue de muchos colegas de otros países que no entendían cómo en la Europa actual se podía utilizar el terrorismo y el asesinato como armas políticas. Para comprenderlo, basta comparar lo que tenemos aquí frente al proceso del «viernes santo» en Irlanda del Norte, en donde hay una preautonomía suspendida en tres ocasiones por el Gobierno de Londres con una declaración formal de desarme del IRA. Si en la Europa actual hay una idea capaz de lograr la unanimidad, es que por la vía de los tiros o de las tortas no se va a ninguna parte.
Es innegable que se ha producido una realineación ideológica del PNV que, de ser un partido fundador de la Internacional Democratacristiana ha pasado a integrarse en la Alianza de Liberales y Demócratas, significativo salto cuando se recuerda el enfrentamiento entre liberales y carlistas a lo largo del siglo XIX. Basta leer el relato de Unamuno sobre el sitio de Bilbao en 1875 en Paz en la guerra. De todos modos, es difícil comprender el sentido de este recorrido al ser una organización que no celebra congresos al estilo de los usuales en los partidos, aunque el compromiso europeísta del PNV junto al PSOE venga de la creación del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en la posguerra. El dato a valorar hoy en día es el pronunciamiento a favor de una Constitución que no responde ni en su método ni en su contenido a lo que en el PNV se denomina la doctrina Aguirre como organización federal a partir de los pueblos como entidades naturales y no de los Estados como entidades artificiales (véase página web del EAJ-PNV en la que no aparecen ni las palabras España, ni Estatuto de Gernica ni las declaraciones del actual presidente, sigue Arzalluz).
En el método, la Constitución europea fue elaborada por una Convención en la que participaron parlamentarios y representantes de los Estados miembros y de las instituciones europeas y en la que se elaboró un texto por consenso y no por votación, culminada por una Conferencia Intergubernamental a puerta cerrada. En este sentido, la Constitución del 78 y el Estatuto de Gernica fueron más democráticos si se atiende al criterio de la votación como decisivo. La regla de oro es unir y no dividir, para lo que hay que buscar el máximo de consenso y acuerdo entre todos con paciencia y perseverancia.
En cualquier caso, de lo que en Europa se huye como de la peste es de obtener el regalo envenenado de votos de apoyo de organizaciones ligadas a una banda terrorista. La experiencia enseña que las normas constitucionales deben hacerse con el mayor consenso posible porque deben permitir la alternancia y además deben someterse al derecho, que en el caso de Europa es la aceptación voluntaria por todos, Estados y ciudadanos, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, gusten o no las sentencias.
En cuanto al contenido, se pueden considerar relevantes temas como la subsidiariedad o la intangibilidad de las fronteras en una Europa atravesada de cicatrices que costaron millones de vidas humanas, con países que fueron corridos en el mapa como Polonia, troceados como Alemania o Hungría, regiones irredentas en otros tiempos como Alsacia-Lorena en Francia o el Süd Tirol-AltoAdige en Italia. Sin embargo, estas cuestiones no son fundamentales en una construcción política basada en la interdependencia y en la desaparición de hecho de las fronteras a través de la creación de un espacio común, primero, mercado interior, y después, de justicia, seguridad y ciudadano.
La cuestión más fundamental es la concepción misma de la Unión, que de ser una organización de Estados pasa a serlo de ciudadanos y Estados. En el debate estuvo presente la cuestión de si el sujeto eran los pueblos o los ciudadanos, y ganó esta segunda versión. En esencia, se rehízo el gran debate sobre la democracia desde la Revolución Francesa y el Romanticismo alemán, decidiendo por la persona como centro de la legitimidad política frente al pueblo como pretendido sujeto natural y eterno. Evolución que también se ha producido en los Estados miembros, siendo el caso más destacado Alemania, en donde el canciller Schröder cambió el concepto de ciudadanía basada sólo en el derecho de sangre y la pertenencia étnica incluyendo el derecho del suelo, lo que permitió integrar a millones de personas, nacidas en el país como ciudadanos de pleno derecho.
El ciudadano europeo se define a partir de la ciudadanía de su propio Estado, es decir, se es ciudadano de la Unión Europea por ser español, francés o sueco, y se pasa a tener una identidadcaracterizada por la inclusión de la Carta de Derechos Fundamentales en la Constitución. De su inclusión en los Tratados podemos sentirnos orgullosos con razón los socialistas españoles. En la misma se prohíbe todo tipo de discriminación por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.
Mal se compagina esta concepción con la propuesta del establecimiento de dos clases de ciudadanos en un proyecto de Estatuto de Autonomía. ¿Con qué criterios? O se distingue por la adhesión a una causa o se hace por razones étnicas. ¿Decidirá el burócrata de turno sobre los derechos del que esto escribe, madrileño con apellido Arana como cuarto por vía paterna y vascoconsorte o sobre los de un mulato latinoamericano de apellido Eizaguirre? Eso supondría volver a ese mundo de clasificación discriminatoria de categorías como los cuarterones, saltoatrás o mestizos de las imágenes de la América colonial por no referirnos a experiencias más recientes y amargas de la Europa del siglo XX.
Bienvenido sea el sí de todos, y especialmente el de los nacionalistas vascos a la Constitución europea. Por esa desviación del camino quizá podamos volver a encontrarnos, lo intentamos de modo serio con la Constitución de 1978 y el Estatuto de Gernica, la primera ocasión histórica en que existió Euskadi como Comunidad Política. Los otros españoles que compartimos esta noble tarea, por razón y por afecto, hasta ahora no hemos recibido más que desapego, por no decir desprecio por parte de quienes consideran que es de derecho natural que gocen en exclusiva de esta situación. Ahora, con la Constitución europea se abre una nueva posibilidad de afirmar juntos una Unión que no es una tertulia en la que caben todas las ideas, sino que se asienta en unos valores precisos cuya defensa y afirmación han costado sangre, sudor y lágrimas. Debemos defenderlos juntos y no buscar el modo de ignorarnos.Enrique Barón Crespo es presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo.
Enrique Barón Crespo, EL PAÍS, 19/1/2005