Pujol se conformaba con cobrar. Pasqual quería un estatut
Las cosas de los nacionalistas vienen determinadas por un grito reivindicativo que en el lenguaje de la corrección política sería: “¡Persona de orientación sexual alternativa el último!” Seguramente habría que explicar a Irene Montero el significado del término ‘alternativa’, pero es un hecho que ninguno quiere ser el farolillo rojo en las reclamaciones al poder central.
Después de las últimas concesiones que los de Puigdemont han arrancado a la Moncloa, explicadas por Jordi Turull diciendo que:«íbamos a votar ‘no’ pero el PSOE fue cediendo y cediendo hasta el último minuto», expresión reveladora de la actitud mantenida por las dos partes negociantes en esa media hora en la que se cayó el sistema informático del Congreso. Tal como diría El País en ocasión histórica: “El mundo (catalán) en vilo a la espera de la reacción de Esquerra Republicana”. Es evidente que los nacionalistas se estimulan mutuamente para sacar pecho reivindicativo y esta carrera y este principio vale también para los socialistas, que cuando quieren achicar el terreno a los independentistas terminan excitándoles, como pasa con los terroristas, cuando se quería ofrecerles “una pista de aterrizaje” que, en realidad, era una pista de despegue para los que siempre habían estado en el llano.
Recuerden el portentoso esfuerzo de Maragall al llegar a presidir la Generalidad. Veintitrés años se había pasado Pujol con el Estatuto de Sau, sin pasársele por la cabeza reivindicar una reforma del mismo. Y en esto llegó Pasqual y se puso a pedir uno. Así es como empezó todo. O por ser más preciso, así fue como el problema catalán tomó su deriva actual tan catastrófica. ¿Creía el pobre president que les iba a doblar el pulso con su esforzada actitud reivindicativa?
También se copian esa actitud unos a otros aunque operen en distintos territorios. Al lehendakari Urkullu le ha faltado tiempo tras la penúltima cesión de Sánchez a Junts para salir a reclamar que el Gobierno transfiera «ya» a Euskadi las competencias sobre migración. En justa correspondencia, Puigdemont y Esquerra ya habían reclamado al Gobierno Central una Hacienda foral que regule su financiación como las del País Vasco y Navarra. Cosas que no pueden ser y además son imposibles, que diría Rafael Guerra. Los vascos tienen una sobrefinanciación considerable respecto a las haciendas del régimen común y, por tanto, a Cataluña. El Ministerio de Hacienda estimaba en 2016 que la financiación de Euskadi per cápita era de 4.100 euros, mientras la de Cataluña se quedaba en 1.973. En esa línea, José Mª Ruiz Soroa sostenía, apoyándose en Ignacio Zubiri y Ángel de la Fuente, dos autoridades indiscutibles, que en los últimos años los vascos estaban sobrefinanciados entre un 200 y un 220%. Y aquí llegamos a un imposible lógico, incluso para Pedro Sánchez y es que la suma de las partes de un todo nunca puede llegar al 140%. El caso vasco es asumible por el sistema porque la economía vasca apenas supera el 5% del PIB estatal. Pero el PIB de Cataluña roza el 20% del mismo, lo que haría reventar la hacienda española por las cuadernas. No va a poder ser.