Cuando se le preguntó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cómo se pagaría la deuda que la UE iba a contraer para dotar el Fondo de Recuperación recién acordado en Bruselas, aquella contestó con una claridad meridiana: o se aumentan las contribuciones de los Estados al presupuesto comunitario, o se recorta este o se crea un sistema de ingresos propios de la Unión mediante la atribución a las arcas comunitarias de nuevos impuestos sobre el plástico, ajuste de carbono en frontera, mercado de emisiones y tasa Google. La realidad es que esas opciones no han resultado tan mutuamente excluyentes. Descartado el aumento de contribuciones nacionales, el acuerdo político ha exigido que no solo se acepte la creación de estos nuevos impuestos europeos, sino que, a la vez, se recorte muy significativamente el presupuesto plurianual de la Unión (MFF en jerga comunitaria) incluida la Política Agraria Común.

El recorte presupuestario -rechazado por el Parlamento Europeo- puede ser, en consecuencia, el primer pago al Fondo de Recuperación que en España ha vuelto a hinchar la celebración de la gratuidad. Dinero por decenas de miles de millones -140-000- y además gratis, porque no se trata sólo de que esos 72.700 millones que van a recibirse en forma de subvenciones no haya que devolverlos, sino que, además, se nos dice que tampoco serán necesarias contraprestaciones significativas en materia de reformas. Incluso hay quien ha llegado al delirio de proclamar que España puede dar lecciones a Holanda y a Austria en materia de reformas, debe de ser, por ejemplo, porque la admirada ‘mochila austríaca’ para el aseguramiento de las pensiones en realidad se inventó en Madrid.

Es decir, parece que nos ha tocado el gordo sin necesidad de comprar un décimo. Pero no es así. Sobran tantas muestras de autocomplacencia, con ovación y vuelta al ruedo incluidas, mientras se echa en falta una apelación sincera y realista al rigor con que España tiene que responder a ese acuerdo histórico -que lo es- y objetivamente favorable para nuestro país. Si el acuerdo es histórico, España debe estar a la altura.

Para empezar, tenemos que reparar el daño reputacional que significa la necesidad de una asistencia como la que nos va a prestar la Unión. Debemos asumir que España va a estar bajo una estrecha observación no solo de Rutte y ‘los frugales’ sino de Alemania y de la propia Comisión. Si los países más críticos con el Fondo se aseguraron de que contarían con un ‘freno de emergencia’ para evaluar el cumplimiento de los Estados receptores, la posibilidad de accionar ese freno no se va a olvidar, entre otras razones porque ‘los frugales’ tienen que vender el acuerdo a sus respectivas audiencias, entre las que dar dinero ‘gratis’ no es precisamente popular. Habrá que encajar los recortes si se confirman, esperar que los nuevos impuestos sean ratificados por cada Estado miembro y generar proyectos de alto valor añadido idóneos para recibir la financiación del fondo.

Seguramente no somos todavía conscientes del impacto económico y social de la crisis, agravada si cabe por la generalización de rebrotes. En todo caso, superar la crisis no es volver a 2019 sino dar el paso, de verdad, hacia un modelo productivo que dote a la economía española de la resistencia que otros países han demostrado. Y esto sí que no es gratis, sino que requiere esfuerzos políticos y sociales que necesitan ser liderados de manera creíble. Nada más lejos del autobombo y de la demagogia asistencialista que el desafío que España tiene por delante.