EL CORREO 13/11/13 – TONIA ETXARRI
·Dos años después de que ETA anunciara que dejaba de matar, la Justicia, que tanto persiguió a los terroristas hasta lograr su renuncia a la violencia, afloja ahora su mano para demostrar que nunca aplicó retrospectivamente la jurisprudencia, dejando que sean los tribunales ordinarios quienes pasen a limpio las directrices de Estrasburgo sobre derechos humanos. Con el aval del Supremo a la Audiencia Nacional y las provinciales para que apliquen, caso a caso, los criterios marcados por el tribunal europeo sobre la etarra Inés del Río en otras condenas dictadas antes de febrero del 2006, se aprueba la excarcelación de los once últimos reclusos de ETA. Nada que objetar.
Ha cambiado tanto la situación política en estos dos años, aunque la banda terrorista siga sin disolverse y sus socios en las instituciones y en las cárceles no abriguen intención alguna de renegar de su historia, que los diferentes organismos de la Justicia ya eluden entrar en colisión, como ocurrió hasta hace poco tiempo. Han transcurrido tan sólo dos años desde que el Constitucional y el Supremo libraron un pulso en torno a la legalización de Bildu. Era mayo del 2011 cuando el alto tribunal, después de haber señalado la continuidad de Batasuna en las nuevas siglas de la izquierda abertzale, se veía desautorizado por el Constitucional. Arrogándose competencias que no le correspondían, desautorizó al Supremo alegando falta de pruebas y autorizando la legalización de la nueva marca de los herederos de Batasuna. Más lejos quedan los debates suscitados en el seno del Supremo cuando adoptó la ‘doctrina Parot’ por doce votos frente a tres. Esa reinterpretación de la ley que permitió prolongar la estancia en prisión de delincuentes con un historial terrorífico al no poder beneficiarse de la conmutación de la condena independientemente de que hubieran cometido uno o veintitrés asesinatos.
Puede ser que la presión para que la Justicia vaya teniendo en cuenta la ‘situación política’ desde que ETA no mata haya influido. De hecho, el Tribunal Supremo ayer registró tan sólo cuatro votos, frente a 12, que opusieron resistencia a aplicar sin reservas la doctrina de Estrasburgo. Los cuatro magistrados conservadores querían que fuera el propio tribunal quien resolviera las excarcelaciones, caso por caso. Pero la mayoría decidió pasar el regalito a la Audiencia Nacional y las provinciales. Sin mayores tensiones. Sin expresiones tan gráficas como las del «vuelo de las togas de los fiscales que no eludirá el contacto con el polvo del camino». Pero el Supremo decidió ayer que ‘pasa palabra’.
Y a las víctimas del terrorismo se les abre el resorte de la desconfianza y este movimiento les suena a una amnistía encubierta. Poco margen tiene el Estado, una vez el propio fiscal general ha reconocido que las sentencias de Estrasburgo son de obligado cumplimiento. Los recursos de oficio y las dilaciones en cada excarcelación sólo conseguirán retrasar lo inevitable y acabarán siendo un parche. Las víctimas no han olvidado que algunos de los magistrados del Supremo metieron en la cárcel a muchos terroristas, pero nadie les puede quitar la sensación de que las últimas decisiones judiciales dan una baza a los amigos de ETA.