Coincido plenamente con la idea de que conseguir un pacto de rentas sería una noticia fastuosa en estos momentos de inflación exacerbada y costes enloquecidos. Pero no creo que sea posible. ¿Por qué? Pues porque el Gobierno ya ha decretado, que no pactado, la evolución de varias rentas importantes, de tal manera que complicará los acuerdos que faltan. Lo ha hecho con las pensiones, que ha decidido subirlas un 8,4% indiferente al hecho de que tendrá un coste para el sistema de 15.000 millones de euros y a pesar de que la inflación se ha moderado. Ahora queda por ver de qué bolsillo extrae semejante cantidad de dinero o si lo dejará todo al albur de los Presupuestos Generales, cada día más tensionados por el aluvión de medidas que engrosan las dimensiones del escudo social.

También ha sido insensible al hecho de que en 2023 habrá pensionistas -42.000 en el País Vasco- que ingresarán más de 3.000 euros al mes, cuando el salario medio se situará aquí en 2.300 y la subida media de los convenios acordados va por el 3,8%. En el resto de España la comparación es aún más sangrante, pues la pensión máxima tiene ámbito nacional pero los sueldos medios son mucho menores en otros lugares. Seguro que los agraciados pensionistas nos merecemos esa espectacular subida. Pero la cuestión no es esa; la cuestión es si podemos pagarla y si es lógico que quienes salen del sistema reciban bastante más dinero que los que permanecen en activo. No creo que sea necesario hacer muchos cálculos actuariales para entender que su sostenibilidad se encuentra severamente amenazada.

Ya que he mencionado los Presupuestos, sigo con ellos, porque ayer tuvimos noticias curiosas. El pasado jueves, Ferran Bel, representante del PDeCAT, votó afirmativamente en el debate de aprobación, pero ayer, en un alarde de coherencia, se mostró convencido de que en «tres o cuatro años» los tribunales echarán abajo los impuestos estrella, a la banca y a las energéticas, dados sus evidentes defectos. De momento, la banca ya ha anunciado su voluntad de recurrir en cuanto empiece a pagarlo.

Si repasamos los problemas que plantea la larga lista de bodrios legales en marcha -ley del ‘sólo sí es sí’, ley trans, ley del maltrato animal, la eliminación del delito de sedición, los impuestos a la banca, a las energéticas y a los ricos, etc.-, podríamos pensar que la producción legislativa se encuentra en manos de auténticos incapaces. Pero luego vemos el resultado de las votaciones y resulta que todo es muy legal y muy democrático. Nada que objetar. ¿De verdad que no hay nada que objetar?